El gobierno de Nicaragua ordenó este viernes la salida de una misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, tras un contundente informe sobre la represión en el país, anunció la cancillería.

"Considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación (a la misión de la ONU), este Ministerio comunica que da por concluida la invitación y finalizada la visita a partir de hoy 30 de agosto de 2018", indica la misiva de la cancillería,  fechada el jueves y hecha pública un día después.

La decisión se produce dos días después de que el organismo emitiera un duro informe sobre abusos contra manifestantes antigubernamentales, que el gobierno del presidente Daniel Ortega consideró una "extralimitación" de facultades de la entidad.

La misión anunció que abandonará Nicaragua este sábado. Amnistía Internacional consideró que la decisión de Ortega "deja en evidencia los crímenes cometidos y su desdén por las obligaciones internacionales" y advierte una estrategia de aislamiento con intención de "continuar la represión".

Desde el inicio de las protestas en abril, la violencia en el país deja más de 320 muertos, 2.000 heridos, una cantidad no precisa de detenidos y desaparecidos, así como miles de desplazados a Costa Rica. 

El representante de la misión de la ONU, Guillermo Fernández, fue llamado a la cancillería para una reunión con el ministro Denis Moncada, en un ambiente tenso y lleno de protocolo, según una imagen exhibida sin audio por el estatal Canal 6 de televisión.

La misión llegó a Nicaragua el 24 de junio y "le ha comunicado al gobierno la salida de este equipo (de cuatro miembros) el 1 de septiembre", dijo Fernández en rueda de prensa.

El funcionario se mostró sorprendido por la reacción del gobierno: "No esperábamos que hubiera una decisión en este sentido".

La Alianza Cívica (de estudiantes, empresarios y sociedad civil), contraparte del gobierno en el estancado diálogo con mediación de la iglesia católica, repudió  "enérgicamente la salida forzada" de la ONU y sostuvo que "las causas y condiciones" para su presencia en el país "siguen vigentes".

El organismo de la ONU anunció en una nota de prensa que "proseguirá su labor" de monitorear e informar sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua "de forma remota", conforme su mandato conferido por la Asamblea General de la ONU.

También indica que continuará apoyando a las víctimas y familiares, al tiempo que "reitera su disposición" de apoyar a las autoridades para que Nicaragua cumpla sus obligaciones internacionales de derechos humanos.