Los tentáculos de las pandillas han llegado a influir tanto en la vida de las comunidades salvadoreñas que en "sus territorios", son ellos quienes deciden quiénes entran y quiénes no. Producto de lo anterior, muchos empleados judiciales no pueden cumplir su labor de entregar los citatorios a testigos o imputados en diversos casos y como consecuencia, cada vez hay más audiencias que se tienen que suspender por la falta de algún actor determinante en el juicio.

De ahí que el incremento del acecho y las conspiraciones de los miembros de pandillas estropean a diario el desarrollo de los juicios en los tribunales capitalinos.

Las audiencias de vista pública que comúnmente desarrollan los jueces de los seis Tribunales de Sentencia de San Salvador se ven perjudicadas cuando los citatorios no llegan a sus destinos. Esto se debe a que hay zonas acechadas por pandilleros donde los criminales impiden que los documentos sean entregados a su destinatario, según constan en los expedientes jurídicos.

"La vista pública fue suspendida porque no se pudo entregar la notificación al imputado por ser una zona acechada por las pandillas", se lee cada vez más en diferentes expedientes.

De acuerdo con la información brindada por personal de Comunicaciones del Centro Judicial "Dr. Isidro Menéndez", al menos un 40% de las audiencias han sido suspendidas en lo que va del año debido a que las notificaciones para los involucrados en juicios no fueron entregadas.

Al no ser notificada alguna de las partes, ya sea abogados, imputados o víctimas, se deben suspender los procesos y esto produce gastos innecesarios: dinero del Estado y tiempo de las partes procesales (jueces, abogados defensores, abogados de la Fiscalía General de la República (FGR), víctimas.

A eso se le suman los gastos que implica el traslado de reos desde los centros penales en donde se encuentran detenidos mientras se desarrollan los procesos respectivos.

“A los citadores (los pandilleros) les dicen que se salgan de las colonias o hasta los han amenazado de muerte”, comentó una fuente.

Al no poder informar a alguno de los involucrados se anexa al expediente correspondiente para poder detallar la razón de la suspensión de las audiencias y con ello buscar una fecha próxima para reprogramación de la misma.

"No voy a volver a exponer mi vida"

El problema de las amenazas de pandillas contra los notificadores no es nuevo, pero ha ido en aumento. Hace dos años, un empleado del Centro Judicial fue atacado por miembros de estos grupos terroristas.

“Desde que me pasó un percance, yo nunca más he vuelto a exponer mi vida”, comentó Mario (nombre cambiado por seguridad), quien a bordo de su moto se dedica a notificar a las partes procesales de los casos que ejecuta el Tribunal de Sentencia para el que labora desde hace más de diez años.

En ese momento, Mario se disponía a entregar el citatorio a dos personas que residían en la colonia La Chacra, ubicada sobre el bulevar Venezuela, al oriente de San Salvador. Lo que desconocía él es que uno de los que tenía que asistir al juicio vivía en el área donde opera la MS y el otro en donde conspira la pandilla 18.

Mario recuerda que al llegar a la colonia preguntó por la dirección de uno de los implicados a un grupo de jóvenes; a cambio del favor, tuvo que pagar $0.50 a quien le ayudó a dar con la vivienda para entregar el citatorio.

Sin embargo, al tratar de dirigirse a la otra vivienda, situada al otro extremo de La Chacra, le salieron al paso cinco sujetos que le cuestionaron qué andaba haciendo en la zona. Cuando les respondió, no lo dejaron pasar y además le exigieron que se quitara la camisa y se bajara el pantalón hasta las rodillas para ver si tenía algún tatuaje.

“Yo solo les repetía que estaba trabajando y que no sabía que era una zona limítrofe de pandillas”, explicó Mario.

Tras varios minutos, uno de los hombres le arrebató el citatorio, pero no le permitió el paso y le advirtió que no querían volver a verlo en ese lugar.

La pérdida de tiempo

“Nosotros como ente fiscal que acudimos como parte técnica a las audiencias programadas por los tribunales de San Salvador nos encontramos muchas veces con la situación de que las audiencias no se realizan o son suspendidas por motivos de notificación”, comentó un representante de la FGR del área de Soyapango.

El empleado de la institución explicó que los jueces indican que no se han podido notificar por motivo de que son amenazados a muerte los notificadores, se les limitan las zonas de ingreso o incluso les dicen a quién se le puede notificar y a quién no.

“Cuando las personas a las que se les va a notificar son miembros de pandillas usan como estrategia el no ingreso de la persona notificadora para no estar vinculados al proceso y ellos saben que esto significa un atraso”, dijo el representante fiscal. En efecto, ante la ausencia de algún imputado, el caso se alarga y hasta se corre el riesgo que los plazos de ley venzan y los procesos sean suspendidos.

“En realidad es un problema debido a que afecta a la administración de justicia y afecta además tanto a la víctima del caso que busca justicia, como a los imputados, quienes tienen derecho a que se les resuelva su situación jurídica”, explicó por su parte Carlos Daniel Ayala, un abogado que ha asistido a casos importantes como el de Maximiliano González, conocido como “Gordo Max”.

“Además colapsa el sistema judicial porque las audiencias se van acumulando y muchas veces no se resuelven en los plazos que regula la ley”, agregó Ayala.

Fiscales y abogados coincidieron en la necesidad de buscar alternativas a esta situación, a fin que los procesos judiciales se vean lo menos afectados posibles y se garantice la pronta y cumplida justicia que la Constitución garantiza.