Mario Arévalo, un auxiliar de oficina de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue acusado por Sara (nombre cambiado por protección), una empleada de la empresa de limpieza O&M, la cual fue subcontratada por esta institución pública.

Por azares del destino. Sara conoció a Arévalo en las bodegas de la CSJ en el 2013, año en donde ingresó a laborar justo en el sitio en donde se encontraba también trabajando este hombre de 50 años de edad.

La mujer, quien se desempeñaba en el área de mantenimiento y limpieza de las bodegas, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del sujeto por ser acosada desde que ingresó al trabajo y por haber sido -según ella- violada.

La insistencia de Arévalo por tener relaciones sexuales con Sara fue efectiva. En el 2014, los dos se dirigieron hacia un motel ubicado en las cercanías del centro de San Salvador. Ahí mantuvieron relaciones sexuales y dio inicio a una aventura amorosa que duró hasta finales de 2015.

Por esos encuentros, el sujeto le cancelaba a la mujer entre $10 a $20 cada vez que a este le pagaban su salario mensual.

Sara y el imputado, según indica el expediente judicial del caso, buscaban un espacio en la oficina para poder tener sus encuentros sexuales. Estos actos hasta llegaron a desatar un problema en el lugar de trabajo el 24 de agosto de 2016, cuando la esposa de Arévalo llegó a reclamar y agredir a la hoy afectada.

El auxiliar incluso tuvo que brindar explicaciones a sus jefes superiores referentes a la problemática ocurrida, pues la esposa del imputado hasta agarró del cabello a la empleada de limpieza.

La intoxicación que llevó a la violación

Sara narró que en la Navidad de 2015 organizaron un festejo para despedir el año, por lo que Arévalo y otros compañeros de trabajo compraron bebidas embriagantes y las llevaron escondidas a las bodegas de la Corte.

Tras departir por varias horas, la mujer indicó que el sujeto la embriagó al insistirle que ingiriera unas cuantas cervezas.

Según relató, ella perdió la consciencia y Arévalo la condujo hacia un pequeño cuarto en donde ella asegura haber sido abusada sexualmente, pues al lograr llegar a su vivienda observó que en su ropa interior había restos de fluidos corporales masculinos.

En enero de 2016, Sara decidió contarle lo ocurrido a su esposo y este la animó a que denunciara al sujeto, por lo que tras haber sido arrestado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fue enviado a prisión.

El Tribunal 1° de Sentencia de San Salvador le impuso una pena de tres años de prisión por el delito de acoso más no el de violación, por lo que logró obtener el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Para poder salir de prisión, el imputado tuvo que cancelar un total de $1,000 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.

Pese a ello, Arévalo no pudo gozar mucho tiempo de su libertad tras el proceso judicial en su contra, pues dos semanas después de haber pagado lo interpuesto en los tribunales falleció a consecuencia de un infarto.