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Judiciales - Presentan acusación

Fiscalía pide cárcel para representantes de Salazar Romero por vender casa mal construida en Metrópoli San Gabriel

El Ministerio Público acusa a la constructora por el delito de estafa agravada y ha pedido detención provisional para los representantes de la empresa, ya que están siendo procesados ya por otro caso donde tienen medidas sustitutivas.

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José Raúl Salazar (izq.) y Rosa María Romero de Salazar.
Fiscalía pide cárcel para representantes de Salazar Romero por vender casa mal construida en Metrópoli San Gabriel

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el pasado 11 de diciembre un requerimiento fiscal ante el Juzgado “A” de Apopa, donde acusan a los representantes de la sociedad Salazar Romero S.A. de C.V. por el delito de estafa agravada y ha pedido prisión preventiva para los directivos.

Esta información fue confirmada por la familia Paz Juárez, quienes interpusieron una denuncia el pasado 21 de julio ante el Ministerio Público en la que alegaron que cuando compraron su casa a principios de 2014, a los pocos días comenzó a presentar graves daños estructurales. Por esa razón, la FGR ahora llevó la acusación formal ante el juzgado pertinente.

La familia ha presentado como prueba un documento –que dio a conocer El Salvador Times- que revela un peritaje de la empresa FC S.A. de C.V., quienes elaboraron una opinión técnica sobre los taludes que se habían construido en la quebrada El Laurel, que atraviesa los clúster 2 y 7 de esa residencial, en este último se encontraba ubicada la casa de los Paz Juárez.

El informe–que fue presentado al Fondo Social para la Vivienda, quien lo pidió para ver la factibilidad del otorgamiento de créditos- revela serios problemas en la construcción de obras de protección en los taludes que protegen a las casas que están a la orilla de la quebrada.

Con base a eso y otros estudios que se han exigido ante la OPAMSS y la Alcaldía de Apopa, la FGR presentó la acusación contra José Raúl Salazar y Rosa María Romero de Salazar, como representantes de la sociedad; y contra Cristian Omar Valdivieso, quien es el representante legal de la misma.

El ente fiscal, en su requerimiento, pide la detención provisional de los dos directivos de la empresa, tal y como lo manda la ley, porque ellos ya están siendo procesados en otro caso que llevan con la familia Paz Juárez, en el que ya se les ha decretado medidas sustitutivas a la detención. Por lo que si hay un segundo proceso, la ley mandata que deben quedar detenidos.

El Salvador Times desde hace más de una semana ha intentado comunicarse con la sociedad Salazar Romero para obtener su postura sobre el estudio que revela las deficiencias en la construcción y sobre la nueva acusación de la familia.

Se ha llamado en tres ocasiones a las oficinas centrales y la respuesta siempre fue que iban a gestionar la petición. Hasta la fecha aún no se ha obtenido postura alguna.

Sugerencia de la jueza

Este no es el primer proceso que presenta la familia Paz Juárez en contra de la empresa constructora, pues llevan otro proceso en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de ejercicio violento del derecho en contra de los representantes de la empresa.

En ese proceso, la familia acusó a José Raúl Salazar y Rosa María Romero de Salazar de haber desalojado de manera inadecuada su vivienda. Incluso, aseguran que les sacaron todos sus objetos personales, cambiaron la chapa de la casa y solo una parte de los objetos les fueron devueltos.

Este caso se decidirá en los tribunales el próximo 30 y 31 de enero de 2018, fecha en la que está programada la vista pública por este hecho.

Sin embargo, este proceso ha sido el origen de la nueva acusación, pues la Fiscalía cuando se llevó a cabo la audiencia preliminar en este caso a mediados de marzo de este año pidió que se ampliara la acusación y se incorporara el delito de estafa y por construcciones no autorizadas.

Sin embargo, la jueza titular del Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador desestimó incluir los hechos relacionados con la venta de una casa en mal estado, porque la Fiscalía no hizo los planteamientos en el debido momento y estimó que si se quiere incluir el delito de estafa deberá ser en otro proceso penal, no en ese.

La juzgadora, en ese momento, exhortó a la Fiscalía y a la familia a abrir otro proceso penal. Justamente, por lo que ahora la FGR presenta la nueva acusación. El aquel momento, se determinó enviar a juicio a los dos representantes de la firma exclusivamente por el delito de ejercicio violento del derecho y mantenerle las medidas sustitutivas a la detención, de las que gozan hasta ahora.

Jueza de Paz previene a Fiscalía en nuevo caso

Aunque la FGR ya presentó la nueva acusación por estafa agravada, al ser recibida por la jueza de Paz de Apopa, fue revisada y esta previno al Ministerio Público sobre algunos elementos que no estaban claros en el requerimiento, aunque se desconoce con precisión cuáles son.

Por esa razón, le fue devuelto el documento a la Fiscalía y les dio hasta el viernes para corregir las prevenciones y volverlas a presentar al juzgado para iniciar el nuevo proceso penal.

De ser así, probablemente la próxima semana se estaría programando la audiencia inicial en contra de los representantes por el nuevo delito.

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