• Diario Digital | Lunes, 23 de Octubre de 2017
  • Actualizado 09:24

Judiciales - ABSUELTOS

Ingeniero inventó historia para acusar a cinco albañiles de falsa extorsión y no pagarles $105

Con la empresa ALCONSA S.A. de C.V., un ingeniero subcontrató a ocho albañiles para desarrollar un proyecto del MOP, pero tras parar las labores no quiso cancelar una quincena y culpó a cinco de extorsionistas. Por ello pasaron ocho meses en un penal.

Ingeniero inventó historia para acusar a cinco albañiles de falsa extorsión y no pagarles $105

Ocho meses de prisión en el penal de San Vicente fue el tiempo de encierro que cinco auxiliares de albañilería recibieron por parte del Juzgado 14° de Paz, en San Salvador, luego que su excontratante, un ingeniero dueño de la empresa ALCONSA S.A. de C.V. y con régimen de protección “3,194”, los denunciara ante la Policía Nacional Civil (PNC) por un delito de extorsión agravada, que quedó comprobado como falso en los tribunales.

Con lágrimas y la voz entrecortada, Luis Hernández, uno de los supuestos implicados de tratar de extorsionar al empresario, relató con detalle el suceso registrado el 4 de octubre de 2016, fecha que jamás olvidará. Al igual que los otros cuatro compañeros involucrados y otros tres más que no fueron procesados, pues fueron liberados el mismo día del hecho.

“Lo que nos hizo el ingeniero no es justo. Yo soy el sustento de mi casa y nunca había pasado por esto (estar en prisión). Me siento muy humillado”, dijo Hernández, el obrero de 43 años de edad que tuvo que ser interrumpido por la jueza en su declaración para que pudiera beber agua y continuara relatando los hechos serenamente.

Los supuestos extorsionistas, como los calificó el ingeniero, ingresaron a las 9:00 de la mañana a la sala 3-A del edificio de sentencias del Centro Judicial “Dr. Isidro Menéndez”, en calidad de imputados con libertad condicional, tras obtenerla como medidas sustitutivas a la detención gracias al Juzgado 9° de Instrucción.

En el sitio, la jueza del Tribunal 4° de Sentencia fue la encargada de brindar la resolución esperada por los obreros.

Con rostros que demarcaban ansiedad, Hernández llegó junto a Antonio Ortiz, de 26 años de edad; José Eduardo Lara, de 25; y los primos Giovanni M. y Josué V. Aragón como acusados de una aparente extorsión de $1,500.

El inicio de la falsa denuncia derivada de una deuda

Bajo el nombre de su empresa de construcción ALCONSA S.A. de C.V., ubicada en la 456 avenida Sur y 12 calle Poniente de la colonia Flor Blanca, el ingeniero (con régimen de protección en el proceso “3,194”) licitó un proyecto en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que consistía en el mejoramiento y mitigación de riesgos de unas calles de Ayutuxtepeque.

Datos MOP

Tras ganar la oferta laboral, el profesional subcontrató a ocho obreros habitantes de la colonia Monte Víctor -zona que sería beneficiada con el mejoramiento de calles- bajo el cargo de auxiliares de albañilería, según el contrato laboral. Mismos a los que cada mes debía de cancelarles $210, pero lo dividió en pagos quincenales.

De acuerdo a los datos del MOP, el proyecto inició el 5 de mayo de 2015 con un monto económico de $2,849,232. Un año y tres meses después, es decir en agosto 2016, la obra fue detenida y con ello el pago quincenal de los empleados.

La necesidad de los ocho obreros hizo que solicitaran al ingeniero el pago de los $105 que quedaban pendientes. Mismo que acordó que le cancelaría a cada uno de ellos el 4 de octubre, por lo que los citó a todos en Metrosur, a las 10:00 de la mañana.

La emoción de que al fin recibirían su dinero hizo que varios de los albañiles planificaran la inversión de esos $105, por lo que algunos redactaron un listado de insumos para el hogar que irían a adquirir a un supermercado o centro de compra popular. Detalle que fue en vano al ser detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) y llevados a una bartolina.

De los ocho, tres fueron puestos en libertad sin mayores detalles al pasar 20 minutos encerrados tras las rejas.

“Le dije a mi esposa que se llevara a mis dos hijas al parque Infantil y que me esperaran para ir al mercado a comprar comida, pero yo nunca llegué”, comentó Hernández en la vista pública al referirse que fue detenido.

“Le dije a uno de los compañeros que fue puesto en libertad que me le avisara a mi familia para que no me siguieran esperando”, agregó con lágrimas que no podía cesar.

El operativo y la absolución del caso

El ingeniero se acercó a la policía a interponer una denuncia por una supuesta extorsión. Entonces acordaron con los agentes policiales que participarían en una entrega controlada.

Junto a una mujer, que hasta hoy se conoció que era una agente policial en cubierta, el ingeniero repartió ocho sobres que se suponía tenían el dinero de la quincena de los albañiles citados ese día.

Luego de entregar el dinero, a los minutos, la Policía detuvo a los exempleados acusados de haberle exigido el pago de $1,500 como extorsión, que según el ingeniero había sido exigida por un supuesto pandillero de la MS, a quien identificó como “Droopy”.

“No hay una bitácora de llamadas de las supuestas amenazas hechas por el supuesto pandillero. Además, es algo ilógico que vayan ocho personas a traer un supuesto dinero de una extorsión”, alegó uno de los abogados defensores. Punto que fue retomado por la juzgadora.

Otro detalle tomado en cuenta fue que como condición de entrega, los exempleados del ingeniero debieron presentar el Documento Único de Identidad (DUI) y firmar una planilla laboral. Detalles que les ayudaron a recobrar su libertad, pues la jueza logró comprobar que las palabras de los supuestos implicados fueron ciertas al observar el álbum fotográfico que se presentó en el juicio.

“A veces las imágenes dicen más que las palabras. No es racional ni lógico lo que se observa en las fotos”, comentó la jueza. “La historia de la acusación de la víctima pierde consistencia entre lo demandado y lo ocurrido”, agregó.

Así la juzgadora los declaró absueltos del delito a los cinco obreros y, además, indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) debería actuar de oficio por la acusación calumniosa por parte del ingeniero, por daños a la moral, por la detención de los supuestos imputados y por la retención de los derechos laborales.

Ante esto, la fiscal a cargo del caso no quiso emitir palabra alguna sobre su participación y las fallas cometidas para ser catalogado por la jueza como una demanda falsa y sin credibilidad a la historia de la aparente víctima.

 

Comentarios