Una llamada de alerta al sistema de emergencias  911 de la Policía Nacional Civil (PNC) hizo que al menos 20 agentes de esa institución se desplegaran en los alrededores del mercado Excuartel, ubicado en el centro de San Salvador, el 18 de julio de 2017.

Una mujer no quiso identificarse al momento de dar a conocer un supuesto caso de secuestro. En la conversación expresó que otra fémina había sido privada de libertad y que era llevada por miembros de pandillas en dirección al parque Zurita.

Además, la mujer alertó que en el portón tres del mercado se encontraba una vendedora de panes con jamón, a quien identificó como vocera de pandilleros, quienes aparentemente habrían cometido el hecho. En la llamada describió la vestimenta de la supuesta cómplice para que los agentes pudieran llegar pronto hasta donde ella se encontraba, según plasma el expediente judicial del caso.

La Policía, cuyo cuartel central está a unas cuatro cuadras, envió a una veintena de agentes para intentar dar con los responsables. Por los detalles que habían recibido a través de la llamada, unos policías lograron encontrar a la supuesta amiga de pandilleros. Al ser entrevistada y al revisar sus datos se trataba de una mujer originaria de Guatemala. En efecto, sí vendía los panes, pero no le encontraron ni antecedentes penales ni orden de detención en su contra.

Al analizar el entorno, los agentes lograron detectar que en una esquina opuesta a donde realizaban el análisis de la guatemalteca se encontraba una joven, quien nerviosamente los observaba, dicta el expediente jurídico.

La desconfianza en ellos llegó, por lo que cruzaron la calle y empezaron a cuestionar a la sospecha. Tras un registro encontraron que Abigail P., de 19 años de edad, guardaba un teléfono celular en sus partes íntimas.

Al ser cuestionada ella reveló que había realizado el llamado de alerta falso. Por ello, el Tribunal 1° de Sentencia instalará la audiencia de vista pública en su contra, luego de que el Juzgado 7° de Instrucción emitiera la orden.

El proceso de lleva a cabo debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a la joven por simulación de delito. Las penas aplicadas a este respecto parten de prisión de seis meses a un año y multa de 12 a 24 meses para aquellos delitos que se califican como graves, multa de 12 a 24 meses para los menos graves y multa de tres a seis meses para la falta.