Un grupo de pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) intimidó a una comerciante para que dejara de pagar la vigilancia que tenía y a cambio "contratara" a otras personas que ellos mismos le asignaron, para ello, debía pagarles $50 semanales bajo amenaza que así lo cuidaría "y no atentarían contra ella y su familia".

Por ese hecho fueron procesados judicialmente dos vigilantes de la supuesta empresa de seguridad, quienes eran los encargados de recoger el pago exigido.

Gerson Arístides Centeno, de 26 años, y Jorge Alberto Hernández, de 37, enfrentaron un proceso judicial luego de ser detenidos tras un dispositivo policial implementado en el centro de San Salvador cuando regresaban de recoger el dinero que les entregó la víctima.

El 6 de julio de 2017, María (nombre cambiado por contar con régimen de protección) recibió en su negocio a un hombre que se identificó con el alias de “El Callado”, quien le dijo que tenía que pagar por la vigilancia que la estructura criminal ofrecía en esa cuadra.

Temerosa de lo que podía sucederle, la mujer le dijo al delincuente que ella ya pagaba por un servicio de vigilancia a una persona a la que le daba un dólar diario y que no podía pagar más que esa cantidad, “eso era para que vieran que no me robaran en el local”, relató la víctima.

Sin embargo, el marero insistió con la amenaza: “Si no nos pagás te tenés que ir, sino te morís”, le advirtieron.

El hombre se fue del lugar sin dar opción de alguna negociación. La comerciante se sintió afligida y no encontró mejor opción que acudir a la Policía para denunciar lo que acababa de pasar. 

El día del cobro

Una semana después, el 19 de julio, María estaba en su negocio cuando vio con sorpresa que dos hombres armados y con uniforme similar al de las empresas de seguridad entraron por la puerta y le recordaron la amenaza que había recibido por parte de "El Callado".

Según el relato de la víctima, ambos sujetos portaban ropas oscuras, cinturón con un arma en un lado y una macana en el otro y distintivos de seguridad en la camisa.

Los cobradores del “servicio de vigilancia” eran Centeno y Hernández, quienes en el juicio realizado en su contra dijeron que hasta antes de ser detenidos eran vigilantes de seguridad privada en una empresa de la cual no revelaron el nombre.

“No puedo pagarles, yo ya le pago a alguien que me dé la seguridad”, les insistió la mujer, quien previamente había recibido en su teléfono celular una serie de mensajes de texto con amenazas de muerte. Pero sin tener opción, les dijo que regresaran después mientras conseguía el dinero.

María regresó a la Policía y les dijo a los agentes que se había citado con los delincuentes en unas horas.

Efectivamente, llegaron a la hora pactada para cobrar la cuota impuesta, pero no contaban con que se había montado un dispositivo policial para atraparlos.

Centeno y Hernández fueron condenados por la jueza del Quinto de Sentencia quien determinó que ambos deben de pasar 11 años en prisión.