• Diario Digital | Lunes, 20 de Agosto de 2018
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Judiciales - PROCESO ABREVIADO

Así fue como Tony Saca y sus funcionarios más cercanos montaron "una estructura criminal" para desviar $300 millones de Casa Presidencial

Durante la vista pública el expresidente Saca y sus funcionarios se mostraron tranquilos luego de declararse culpables de los delitos de peculado y  lavado de dinero y activos. 

Así fue como Tony Saca y sus funcionarios más cercanos montaron "una estructura criminal" para desviar $300 millones de Casa Presidencial

En la primera jornada del juicio del expresidente de la república, Elías Antonio Saca, y cinco de sus funcionarios, se declararon culpables de haber extraído un total de $301,347,117.17 de las arcas del Estado para posteriormente desviarlas a cuentas privadas y a empresas vinculadas a Saca. El fiscal que expuso el caso dijo que los imputados “montaron una estructura criminal” dentro de Casa Presidencial.

Son las 8:00 de la mañana y en la sala de audiencias “2C” del Centro Judicial “Isidro Menéndez” entra el expresidente Saca, el exsecretario de la juventud, César Funes; el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, y el exsecretario privado de la presidencia, Élmer Charlaix.

A su paso le siguen: el jefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI), Francisco Rodríguez Arteaga; el jefe de tesorería de la UFI, Jorge Herrera Castellanos y Pablo Gómez, el auxiliar contable de la UFI. Los siete hombres estaban apunto de ser enjuiciados. 

Todo comenzó en el 1 de junio de 2004 cuando Saca llegó a la presidencia de la República; en ese momento lo acompañaron Funes, Rank y Charlaix. Ellos eran hombres de suma confianza del mandatario, ya que dichos puestos estaban en la cúspide de la administración pública.

Durante el juicio, el fiscal a cargo dijo que “cuando llegaron a la presidencia facilitaron ciertas circunstancias donde se les confiaron los fondos generales de la nación; ellos aprovecharon para desviar a cuentas particulares de ellos y terceras personas”.

Según la FGR el primer día del mandato presidencial, Saca y sus cómplices crearon un nuevo reglamento legal denominado: “Reglamento interno del funcionamiento y control y fiscalización de los fondos públicos, gastos reservados y secretos de la Presidencia de la República, destinados a las actividades de diligencia, clasificación, manejo y protección de la información y deber de guardar secreto de los colaboradores designados para el manejo de los gastos reservados y secreto". 

Este tenía como objetivo que cada uno de los movimiento financieros no fueran detectados o no levantaran sospechas.

Dentro de la hipótesis, la Fiscalía estima que dicha normativa le permitió (de manera legal) abrir cuentas bancarias de carácter personal con fondos públicos sin seguir el procedimiento requerido.

“Los fondos y el manejo que se le iba a dar (a los fondos) era de carácter secreto. Es decir si alguien pedía cuentas del manejo de estos fondos ellos iban a ampararse y a decir que están dentro de una cobertura de carácter secreto de Estado, por eso no daban información”, sentenció la fiscal.

Seis años y 16 cuentas de bancarias 

Durante los seis años de gobierno del expresidente Saca, se crearon 16 cuentas de banco particulares, las cuales se abrían y cerraban de acuerdo a las necesidades de los funcionarios. La participación de los empleados de Capres fue efectiva cuando ellos se prestaron para el desvío de fondos a favor del expresidente y sus funcionarios.

La FGR habla de dos etapas claves, una de ellas es la extracción de los más de $300 millones provenientes de las Cuentas Únicas del Tesoro Público para luego desviarlas a través de cheques a nombre de Charlaix, quien recibió un monto de $16,273,065.

A Pablo Gómez, el auxiliar contable de la UFI, le fue depositado $26,793,777.47; así como a Francisco Rodríguez Arteaga, el jefe de la UFI, con $25,617,102.70.

Montos que, según la Fiscalía, fueron intercambiados por efectivo en el Banco Agrícola, Banco Hipotecario y el Banco Cuscatlán para luego ser depositados a cuentas personales y empresas de Saca.

Dichas entidades bancarias eran las predilectas por los funcionarios debido "a sus lazos amistad" con los funcionarios, lo que posibilitó que el trabajo delictivo fuera llevado a cabo sin denunciarlo a las autoridades, señaló la parte acusadora.

El fiscal a cargo explicó que una cuenta bancaria podría permanecer abierta a lo largo de seis meses o un año para posteriormente iniciar una nueva y así sucesivamente. Esto con el objetivo de no levantar sospechas de la ilegalidad.

Luego de la distribución del primer monto se volvió a entregar cuatro cheques: dos a nombre del expresidente y dos a nombre Herrera Arteaga por la suma de $1,663,172. Acumulando un total de $300,347,117.17 provenientes del Estado.

El ministerio público señala a Rodríguez Arteaga, Herrera Castellanos y Gómez como las personas encargadas de ejecutar, autorizar y firmar la salida de los fondos de Casa Presidencial. Durante la audiencia, el fiscal del caso explicó que de no haber sido por ellos no se hubieran cometido los ilícitos. "Pudieron detener las actitudes corruptas”, sentenció.   

El 17 de julio la defensa de Funes, Saca y Charlaix solicitaron a la FGR un procedimiento abreviado, el cual fue admitido el 23 de julio con el objetivo de la reducción de la pena. Ese mismo día los tres empleados de Capres se dieron cuenta de lo sucedido y pidieron un procedimiento igual, pero hasta la fecha la Fiscalía solo ha dicho que a uno de ellos se le reducirá a dos años la pena a cambio de admitir los delitos. 

¿A dónde fue a parar el dinero?

Como segunda fase de la distribución de los fondos, la parte acusadora fue muy enfática al mencionar que dichos fondos fueron a parar a varias empresas donde Saca, Charlaix y Funes son socios.

Una de las sociedades relacionadas al expresidente es American Publicidad S.A. de C.V., la cual recibió $7,069,712.65 de los que solamente $5,659,514.42 se diluyeron en la cuenta personal de Saca.

El ministerio explicó que el dinero restante era devengado como un “costo de lavado de dinero”, por lo que pedían entre un 20% a 15% en comisiones. Dicho señalamiento será comprobado a través del testigo criteriado, a quien se le ha llamado “Prometeo”.

ANLE, S.A. de C.V. es otra de las empresas que recibió $3,800,000; Funes y Asociados, S.A. de C.V., tuvo un depósito de $7, 279, 552.21; así como Marketing and Service de Centroamérica, S.A. DE C.V. un total de $3,800,000, dicha empresa está relacionada a Jorge Hernández, señalado por lavado de dinero durante el gobierno de Saca.

Dichas entidades comerciales se dedican a la promoción de instituciones o de productos, pero al momento de las investigaciones la FGR comprobó que ninguna de ellas había prestado algún servicio a Casa Presidencial.

Otro de los hallazgos encontrados es que Grupo Samix recibió $162,000, mientras Promotora de Comunicaciones (empresa de Saca) absorbió $1,062,000; Group Corporation $611,000; Investment Group un monto de $827,000 y RM y Unicentro recibieron $421,200 y $651,000, respectivamente.

Entre todas las empresas que recibieron fondos provenientes de Casa Presidencial, la FGR estima que $177,832,216.92 fueron a parar a las entidades comerciales de las cuales el expresidente Saca es socio. Al cuestionarlo sobre el dinero restante contestó que parte de los fondos extraídos fueron cambiados a efectivo, lo cual imposibilita su rastreo.

El logro de la FGR

“Esto lo hacer merecedor de catalogarse como un hecho histórico dentro de la historia de El Salvador. A ningún presidente se le había condenado bajo este mecanismo de peculado y lavado de dinero. En conclusión, por acto de corrupción”, dijo Jorge Cortez, el fiscal del caso y jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR.

Para el ministerio público este caso se ha vuelto su carta ganadora, ya que Saca y sus funcionarios serán condenados por los delitos cometidos durante su mandato en colaboración de los empleados de Casa Presidencial.

Sin embargo, dicho proceso judicial fue aturdido por la reducción de la pena, Cortez explica que no se trata de ningún tipo de beneficio para los imputados.

“No es un acuerdo ni un tipo de concesión sino que es un mecanismo legal que lo permite la ley”, puntualizó el fiscal quien ante la presión de la prensa explicó que se trataba de un caso sólido el cual será demostrado durante los 59 días restantes.

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