La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio por aceptada una demanda de inconstitucionalidad contra la elección de magistrados propietarios y suplentes de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

Con esta acción los magistrados pretenden "verificar si el Órgano Legislativo documentó y argumentó con objetividad la honradez, cualificación técnica y profesional y no afiliación partidaria de las personas designadas en tales cargos".

Según los demandantes, los diputados no explicaron, mediante el dictamen aprobado, los resultados de las entrevistas realizadas a los aspirantes al cargo, así como tampoco las credenciales que muestras que son personas con notoria honradez ni mucho menos comprobaron su desvinculación partidaria.

A partir de la notificación de la aceptación de la demanda, la Asamblea Legislativa tendrá diez días hábiles para subsanar estas dudas y comprobar las credenciales de los funcionarios electos, según lo expuesto en un comunicado en redes sociales.

Además, "se brinda un plazo de cinco días hábiles a los señores Carmen Elena Rivas Landaverde, María del Carmen Martínez Barahona, Roberto Antonio Anzora Quiroz, Nolberto Osmín Cunza López y Patricia Lissete Bardales Osegueda, en sus calidades de presidenta, primera magistrada, segundo magistrado y magistrados suplentes de la CCR, respectivamente, para que se pronuncien sobre la demanda".

La aceptación de la demanda contó con la firma de los magistrados Óscar Armando Pineda Navas, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Sonia Barillas de Segovia.