El Juzgado de Paz de Colón fue el escenario, el pasado 11 de septiembre del presente año, de una poco usual participación de la Fiscalía General de la República (FGR), quien puso en duda hechos relatados por una víctima a quien se suponía debía representar.

Marilú García de Martínez y María Deysi Menjívar Pocasangre se presentaron ante la jueza Claudia Karina Escobar Dawson como las auxiliares del fiscal general de la República para defender los intereses de una mujer, quien según la acusación, fue violada y embarazada por el gerente de la empresa Monelca José Guillermo López Martínez.

Menjívar Pocasangre solicitó el sobreseimiento definitivo del imputado: el gerente López Martínez y para José Luis Flores Mendoza, acusados de violación y extorsión.

La petición de la parte acusadora se basa en una serie de presuntas incongruencias a partir de los relatos de la víctima, ahora fallecida, Celina Lizbeth Santos Aguiluz, quien en mayo de 2016 murió a consecuencia de un cáncer de vientre y estómago.

La fiscal cuestionó 13 puntos de su mismo requerimiento, que van desde los tiempos en los que se presentó la acusación hasta la supuesta paternidad que se le atribuye a uno de los imputados. 

“Hay una ausencia de credibilidad en el relato y las corroboraciones que dan contradicciones en 13 situaciones”, valoró la representante del Ministerio Público, quien cuestionó que la víctima denunció el caso hasta que se presentaron problemas en el negocio de su esposo.

Y como si se tratara de la parte defensora y no la acusadora, la fiscal al hablar sobre la denuncia por extorsión interpuesta por Santos Aguiluz, alegó que una bitácora de llamadas no registra los números dichos por la ofendida.

Las fiscales también expresaron sus dudas en cuanto a los retiros bancarios, al parecer a través de cajeros automáticos, que la víctima asegura realizó, ya que la Fiscalía dijo que no hay registros de movimientos bancarios en las fechas correspondientes a la extorsión y que el sistema de videovigilancia no tiene reporte de estos movimientos.

Asimismo, se señala que la víctima no pudo dar referencias exactas de lugares en los que habría sido abusada presntamento por López Martínez.

Por último, las fiscales señalan que al no haber muestras de abuso es innecesaria una prueba de ADN para determinar la paternidad del menor que se supone fue producto de las violaciones, quien fue reconocido por el esposo de la víctima como propio.

Al escuchar toda exposición de la Fiscalía, la parte defensora de los imputados coincidió en todos puntos y ratificó la petición de sobreseimiento de la Fiscalía.

Jueza ordena a fiscales FGR hacer bien su trabajo 
No obstante, la jueza luego de revisar las pruebas que se aportan en la acusación encontró una versión diferente a la planteada por las fiscales.

La documentación establece que Santos Aguiluz presentaba indicios de trastornos por amenazas y que se ha ocultado información, por lo que recomiendó un estudio más completo.

Respecto a una de las ubicaciones donde presuntamente ocurrieron los vejámenes, la jueza encontró un acta de inspección que señala que se localizó un trozo de papel con fluidos corporales, el cual fue enviado a análisis, pero aún no se tienen respuesta. Por otro lado, respecto a la paternidad, la juzgadora consideró que los tiempos de la presunta violación y el nacimiento coinciden con los revelados por la víctima por lo que estimó conveniente realizar la prueba de paternidad.

“No es oportuno dictar sobreseimiento definitivo, sino ordenar que se realicen las diligencias de investigación que hacen faltas ya que los delitos que se atribuyen son graves”, remarcó la jueza.

López Martínez y Flores Mendoza están siendo procesados en libertad con medidas sustitutivas a la detención que les restringen salidas fuera del país y prohíben acercarse o tener comunicación con la familia de la víctima.