Los ciudadanos tendrán la facultad de reclamar el respeto a sus derechos políticos como el sufragio activo, pasivo, su libertad de asociación, así como el identificar irregularidades en el proceso electoral ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y si esta instancia no les resuelve llevarlo hasta la Corte Suprema de Justicia.

Ello debido a una resolución que la Sala de lo Constitucional estableció desde el 2011, cuando otorgó a los ciudadanos la facultad de interponer recursos de apelación, nulidad, revocatoria o revisión ante el TSE cuando sus derechos políticos sean afectados.

Para cumplir esa sentencia ordenó a la Asamblea Legislativa que realizara algunas adecuaciones al Código Electoral; pero después de seis años las adecuaciones no se han realizado.

Ante el incumplimiento de los legisladores, la Sala resolvió el 15 de febrero de 2017 que no es necesario que la ley sea modificada para que los ciudadanos interpongan recursos porque según los magistrados es un "derecho constitucional" de acción que tienen los ciudadanos de recurrir a las instancias pertinentes cuando haya una afectación a sus derechos.

Es pertinente aclarar que los derechos constitucionales pueden ser reclamados incluso cuando no estén regulados en una ley.

La primera resolución de la sala se efectuó en razón de resolver la demanda interpuesta en el año 2006 por Eduardo escobar y Arturo Tovar, quienes son miembros del movimiento Acción Ciudadana.

Ya en el 2015, la Sala declaró como incumplida esa misma sentencia y en ese momento reordenó a la Asamblea las adecuaciones del Código Electoral.