La dirigencia del FMLN podría estar enfrentando una acción similar a la ocurrida con el caso de los Jesuita, tras haber sido interpuesto un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que sean investigados por dos casos en los que se les inculpa por el asesinato de ciudadanos estadounidenses.

En este sentido, si Estados Unidos se involucra como parte querellante, al igual como lo hizo España por el asesinato de los seis padres jesuitas en 1989, los altos dirigentes de la cúpula efemelenistas podrían enfrentar incluso un pedido de extradición para presentarse ante la justicia estadounidense.

El escenario no es descabellado, ya que eso es justamente lo que ocurrió con los militares que fueron involucrados en la masacre jesuita y que incluso buscaron amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Luego de que la organización de víctimas de la guerra interpusiera un aviso, muchos diputados de la Asamblea Legislativa lamentaron que se estén abriendo casos que lo único que van a hacer es reabrir las heridas, contribuyendo a la polarización. Pero más allá de eso, temieron las consecuencias que pudiera haber si el caso llega a judicializarse.

“Si el caso se judicializa, el Gobierno de Estados Unidos podría pedir la extradición de las personas que ejecutaron estos asesinatos, porque las víctimas eran norteamericanas y en ese sentido es posible que puedan responder ante el gobierno del cual era natales”, explicó el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra.

Por su parte, el diputado de PDC, Rodolfo Parker, aseguró que aunque el caso podría llegar hasta esas consecuencias porque una vez derogada la Ley de Amnistía por la Sala de lo Constitucional el pasado julio todos estos procesos han quedado habilitados. Sin embargo, aseguró todo depende de cómo se vayan desarrollando los hechos.

Para el diputado del PCN, Antonio Almendáriz, aún es muy temprano aseverar que un escenario así pueda ocurrir. “No sabemos cómo va a evolucionar, es muy temprano decir eso. Es mas, no vi ningún ciudadano estadounidense que estuviera o que apareciera en esta denuncia”, dijo el militar retirado.

No obstante, el diputado de GANA, Mario Tenorio, considera que este caso llegará hasta donde las autoridades de justicia lo permitan. “Se vienen tiempos complicados en este sentido”, replicó.

Para Parker y Almendáriz, la única solución es apresurar la elaboración de la ley de reconciliación que exigió la Sala de lo Constitucional para que se den a conocer los autores de los crímenes de guerra y haya un verdadero “perdón y olvido”.

FMLN considera es un ataque político

El secretario general del FMLN, Medardo González, aunque no quiso contestar sobre un posible escenario que involucre una petición de extradición, aseguró que lo único que ha podido percibir en los demandantes fue un discurso de odio que solo pretende desestabilizar.

“Para nosotros fue una sorpresa. Es un derecho de los ciudadanos pedir este tipo de recursos, pero lo que se evidencia es un discurso de odio, es un discurso de ataque, es un discurso de confrontación. Como que su lenguaje no ha cambiado desde los años 80 hasta hoy”, sentenció el máximo dirigente del partido de izquierda.

Sin embargo, González, aseguró que tanto el caso de la masacre en la Zona Rosa como del helicóptero derribado en Lolotique, San Miguel, ambos casos ya habían sido juzgados. Por lo que a su criterio ya no procedería volver a juzgar estos hechos.

La diputada del FMLN y firmante de los Acuerdos de Paz, Nidia Díaz, explicó que en estos dos casos ya hubo juicios, procesos, capturas, sentencias y cárcel para las personas señaladas. No obstante, estos quedaron libres con la Ley de Amnistía, por lo que no tendría sentido reabrirlos, porque ya están amparados bajo la figura de “la cosa juzgada”.

El Salvador TIMES buscó a varios profesionales del derecho para consultarles sobre esta figura y si aplica en un caso como esto. No obstante, dijeron “la cosa juzgada” solo aplica cuando se juzga a las mismas personas por el mismo caso, pero si son otros autores por el mismo caso si se puede abrir un proceso contra ellos.

Díaz explicó que incluso así, en las investigaciones que se han hecho tampoco han señalado a miembros de la cúpula. “En el caso de la Zona Rosa, en 1996 el Departamento de Justicia norteamericano hizo una investigación y ahí no se menciona a ninguna dirección ni a los miembros con nombre y apellido de alguna dirección del FMLN”, aseguró.

Agregó que será el fiscal quien tenga la última palabra con este aviso y será él que determine si se abre una investigación.

“Me parece que está politizado y contaminado esto y tiene una intencionalidad, contra el presidente y contra mi persona y otros del FMLN que ocupan responsabilidades en el Gobierno”, dijo la legisladora.

Diputados lamentan que se abran heridas de guerra

No obstante, los diputados consultados ya sea de derecha o de izquierda manifiestan estar en contra de abrir investigaciones de la guerra civil, pues no abona al clima político del país.

“Definitivamente yo no comparto que se persigan delitos que fueron cometidos durante el conflicto armado. Tuvimos un proceso de Acuerdos de Paz que pusieron cierre a todo esto”, manifestó el presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, aunque reconoció el derecho de las víctimas a que se les dé respuesta ante su dolor.

Para los legisladores en esta ocasión se buscará dañar a una parte y luego vendrá la otra a querer hacer lo mismo. “Será la de nunca acabar”, coincidieron.

La Sala de lo Constitucional derogó la Ley de Amnistía el pasado mes de julio y estableció que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados y, por lo tanto, se podrá abrir un proceso judicial para estos. Esta es la primera vez, desde que se derogó la ley que se acusa a la dirigencia efemelenista.

El informe de la Comisión de la Verdad que realizó la ONU al finalizar de la guerra civil reveló que un 90% de los crímenes fueron ejecutados por el Ejército y el 10% restante se le atribuyen al FMLN. Dentro de estos, se encuentra la Masacre de los Marines Estadounidenses en la Zona Rosa, que se desarrolló el 19 de junio de 1985.

De esta acción, se adjudica la responsabilidad al Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC). Además, se considera como autores intelectuales a Ismael Dimas Aguilar y Pedro Antonio Andrade.

Seis años después de éste ataque, el 19 de enero de 1991, tres militares norteamericanos murieron luego de que fuera derribado el helicóptero UH-1H en el que viajaban, en Lolotique, San Miguel. Los demandantes aseguran que los guerrilleros ajusticiaron a los militares cuando el helicóptero ya había caído.  Este hecho, se le adjudica directamente al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).