Algunas ONG como Aprocsal, cuya presidenta es Margarita Posada —quien ha encabezado protestas en contra de la Sala de lo Constitucional— o Mujer Legal, que está liderada por Silvia de Bonilla, la abogada defensora del expresidente Antonio Saca, por citar dos ejemplos, han recibido fondos de parte del Estado, por lo que los diputados de la Asamblea estarían buscando más controles para evitar otorgar fondos a organizaciones con motivaciones partidarias.

Actualmente, existen dos mecanismos por los cuales algunas ONG son beneficiadas con fondos del Estado, una es de donaciones que directamente hace la Asamblea a algunas organizaciones y la segunda se hace con los “sobrantes” que quedan dentro del presupuesto general de la nación y los legisladores los distribuyen en ONG.

Según explicó el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, actualmente la Asamblea otorga fondos a varias organizaciones a través de una partida denominada donaciones, en la que figuran organizaciones sin fines de lucro, como Mujer Legal y la Fundación del Padre Arrupe, entre otras.

Sin embargo, a su criterio este tipo de donaciones son inconstitucionales, puesto que la Asamblea no incluye dentro de sus asignaciones ayudar a organizaciones de este tipo por muy legítimas que estas sean.

“En el presupuesto del próximo año vamos a hacer un análisis exhaustivo de este tipo de temas, porque no es posible que la Asamblea Legislativa que tiene legislar, derogar e interpretar leyes esté dando donaciones”, cuestionó el legislador.

De igual forma, el jefe de la fracción tricolor, Alberto Romero, dijo desconocer bajo qué circunstancias la Asamblea había otorgado donaciones. “Lo primero que se debe hacer es transparentar esas donaciones que se han hecho, porque no es función de la Asamblea hacer donaciones, hacer regalos”, sentenció.

Ambos legisladores consideraron es un peligro que se hagan este tipo de aportaciones sin mayor control, porque se podrían estar usando para financiar grupos político-partidarios con dineros públicos.

Por su parte, el jefe de la fracción del PNC, Mario Ponce también señaló que se debe ser cautelosos con los fondos del presupuesto que se destinan a las ONG de “las colitas” o los sobrantes; puesto que se puede prestar a irregularidades como se dio en el caso de la fundación APDEMES, cuya fundadora es la esposa del actual presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, y que en los últimos dos años recibió medio millón de dólares.

“Hay algunas ONG en las que hay que revisar cuál es su papel, qué es lo que realmente están haciendo con lo poco que se da si están impactando y llevando el beneficio a la gente que se han comprometido a entender”, dijo Ponce.

Sin embargo, de este listado de ONG sacó a algunas que a su criterio no deben ser tocadas como Ayúdame a Vivir, la Fundación Padre Arrupe, el Instituto del Cáncer, entre otras, puesto que la labor que hacen es de gran beneficio para el país.

Por ejemplo, para el caso de la Fundación Ayúdame a Vivir, su presupuesto anual es de $3 millones y se le da una contribución de $800,000, porque lo que ellos deben conseguir $2.2 millones a través de donación privada. “Deberíamos darle más porque están haciendo lo que el gobierno no hace”, sentenció el parlamentario. Agregó que el hecho de que una fundación haya sido señalada no quiere decir que todas estén en esas mismas condiciones.

Por su parte, el también diputado del PNC, Francisco Merino, incluso fue más riguroso en su postura, pues aseguró que para el presupuesto del próximo año lo que se está buscando es que haya ahorros y aún así no alcanza para cubrir todas las necesidades, por lo que cree en este caso no habrá “colitas” del presupuesto.

Romero sostuvo que lo más importante que se está buscando para el presupuesto del próximo año es que transparenten los presupuestos, tanto el general como el de los otros órganos de Estado y así evitar que se salgan de control las donaciones o reasignaciones.

Para los legisladores, es importante hacer una revisión de cómo se están dando los mecanismos de otorgar fondos a las fundaciones y que se generen controles para que no hayan abusos o irregularidades con los fondos públicos.

El viernes pasado, miembros de Acción Ciudadana denunciaron que tras un rastreo realizado por dicha institución, el Estado ha entregado $14 millones a organizaciones no gubernamentales. Entre las que encontraron se mostraban varias ONG con cierta afinidad política.