La reforma que se aprobó la semana pasada que permite el uso del fondo de las pensiones para pagar deuda, parece que tiene los días contados, pues hay tres flancos en el camino que pretenden erradicarla: declararla transitoria, derogarla, y declararla inconstitucional. Cualquiera de las tres posibilidades será contundente pues no habrá fondos para el pago del próximo año.

La reforma a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) fue aprobada la semana pasada como propuesta del FMLN con el apoyo de GANA, PCN y PDC, para evitar caer en impago este 7 de octubre. Sin embargo, estos tres partidos se están echando para atrás y buscando una contrarreforma para que solo sea utilizado el fondo para el pago de las deudas de este año.

Por otro lado, ARENA está comenzando a calentar los motores para impulsar una derogación de la ley, propuesta que también es respaldada por el único diputado del PDC, Rodolfo Parker.

A estas dos alternativas, se suman las dos demandas de inconstitucionalidad que fueron presentadas ante la Sala de lo Constitucional, una de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y otra del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Contradefop) que probablemente al ser admitidas suspenderían el acto reclamado, es decir, quedaría sin efecto de inmediato.

Independientemente de cuál de estas opciones se concrete, el resultado es el mismo: suspende la utilización de los fondos de los cotizantes para pagar la deuda de pensiones. El problema es que cada tres meses el gobierno debe abonar cierta cantidad a esta deuda y en el proyecto de presupuesto general de la nación presentado el pasado 30 de septiembre no se incluyen los cuatro pagos que deben hacerse en 2017, o sea, no han contemplado recursos para el pago.

El diputado de GANA, Guillermo Gallegos, fue el primero en echarse para atrás luego de haber dado los votos para aprobar la polémica reforma y aseguró presentaría una reforma esta misma semana para que la medida sea de carácter transitorio. Sin embargo, la plenaria de este jueves finalizó y la reforma no ingresó en ningún momento.

El jefe de la fracción naranja, Guadalupe Vázquez, señaló que una vez se haga el pago este 7 de octubre, GANA pedirá hacer la reforma para que el fondo de pensiones no siga siendo utilizado para pagar deuda.

De igual manera, Mario Tenorio aseguró que GANA había apoyado esta medida en el entendido que solo sería utilizada para esta única vez y que por esa razón piensan en hacer la reforma.

“Queremos ver cómo reformamos para poner un detente, para evitar que el gobierno meta mano en el momento que se les ocurra y puedan hacer uso de esos recursos”, explicó Tenorio. Agregó que la idea es que ya no se siga jugando con el fideicomiso de los trabajadores.

Por su parte, el directivo del PCN, Francisco Merino, explicó que se tiene que respetar el proceso de formación de ley y la reforma que fue aprobada el pasado 29 de septiembre entre en vigor hasta este 7 de octubre (justamente ocho días después de haber sido publicado en el Diario Oficial).

Merino aunque aseguró aún se debe esperar, no descartó que pudieran apoyar una reforma que busque hacer la medida de manera transitoria y que solo haya servido para evitar el inminente impago.

ARENA, por su parte, es más contundente y ha dicho no van a apoyar una reforma, ya que la mejor solución para resolver este problema es derogarla.

“Nosotros hemos dicho que no vamos a apoyar decreto o reforma que modifique  la reforma al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales por dos razones: una porque es inconstitucional, y el segundo lugar porque  no se puede tapar un parche con otro parche”, sentenció René Portillo Cuadra.

Asimismo, hizo la invitación a los partidos políticos que aprobaron la reforma a que “si quieren enmendar el error mejor que lo deroguen”.

Sin embargo, Tenorio descartó totalmente apoyar una derogación de la modificación de la ley. “Si ARENA está diciendo que quiere que se derogue la decisión de la semana pasada, pues con 35 votos si quiere derogar una ley pues que lo intente”, manifestó.

ARENA no está solo en esta decisión, puesto que Parker del PDC se ha sumado a la propuesta. “Hay que derogar el decreto por completo, porque ha cumplido su cometido de hacer el pago de los $71 millones”, declaró.

Inconstitucionalidad de la reforma y presupuesto sin fondos

A estos dos problemas, se le suman las dos demandas de inconstitucionalidad que han presentado las gremiales. Aunque este 7 de septiembre se logre hacer la emisión para pagar la deuda, si la Sala de lo Constitucional resuelve aceptar las demandas y suspender el acto reclamado, es decir, que detendría la utilización del fondo de pensiones para el pago de deuda.

Posteriormente, los magistrados podrán detenerse a evaluar las demandas y determinar si la reforma es constitucional o no, pero como el Gobierno ya no podría hacer uso del fondo para pago de deuda, luego de este octubre ya no tendría para pagar.

Y es que el mayor problema es que cuando el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, presentó el proyecto del presupuesto 2017 no incluyeron el pago de la deuda de pensiones para el próximo año.

Cada tres meses el Gobierno debe abonar a la deuda que tiene con el fondo de los cotizantes y para el 2017 se tiene programado que el pago será en total $221 millones. Sin embargo, no se incorporó al presupuesto.

Esto quiere decir que independientemente de cuál de las tres medidas que están buscando que se siga usando el fondo de pensiones se decrete, el Gobierno no ha destinado fondos para pagar la deuda del próximo año y nuevamente estará en el mismo problema.  

El FMLN ha insistido en que la medida de aprobó de manera temporal, aunque el decreto dice que es de manera permanente y la presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, también descartó que era una medida transitoria. Sin embargo, sí han dejado claro que esta media de pagar la deuda de pensiones con los mismos fondos de pensiones se mantendría mientras no se apruebe una reforma integral a todo el sistema de pensiones.

El partido oficial ha presentado una propuesta para convertir el sistema de ahorro de individual a un sistema mixto que además sea administrado por el mismo Gobierno. No obstante, no ha tenido apoyo de ninguna fracción legislativa y ha encontrado fuerte oposición.

Mientras tanto han surgido otras iniciativas, pero aún no hay una contrapropuesta en concreto, pero con el problema de fondos que se le viene encima al gobierno en el corto plazo la urgencia es clara. El próximo 9 de enero el gobierno deberá pagar nuevamente a las AFP el concepto del préstamo por el fondo y no hay, por el momento, presupuestado para eso.

En el estudio del presupuesto deberá reajustarse las partidas para redistribuir los fondos e incorporar esos $221 millones que hacen falta.