La prórroga de las medidas extraordinarias aplicadas en los centros penales del país continuará en espera, debido a que los partidos de oposición están presionando para que los impuestos de seguridad se orienten a medidas de represión y dejen de ser administrados por el Ministerio de Hacienda.

Dentro de la comisión de seguridad, hay un acuerdo de todas las fracciones de aprobar la prórroga por un año más. Sin embargo, ARENA ha condicionado su apoyo a que se cambien los dos decretos de la contribución especial para seguridad, el que se cobra a través de los servicios de telecomunicaciones y el que grava a los que tienen ganancias anuales arriba de $500,000.

Al partido tricolor se ha sumado el PCN y GANA, puesto que los partidos quieren que estos fondos sean destinados exclusivamente a las tareas de seguridad y no a recuperación de espacios públicos o al Instituto Nacional de Juventud (INJUVE) y sus programas de apoyo a los “ninis”, por ejemplo.

El presidente de la comisión, Antonio Armendáriz, expuso que ya hay un acuerdo para las medidas, pero ARENA ha puesto como condición que se revise hacia dónde se dirigen los fondos y quién los administra. “Por no romper la armonía voy a pedir en la comisión que  hagamos esto de la prórroga hasta que todos estemos de acuerdo”, dijo.

Agregó, además, que tienen hasta el 30 de marzo para hacerlo. Sin embargo, el diputado del FMLN, Misael Mejía, manifestó que aunque están abiertos a discutir el tema de la modificación de los decretos de las contribuciones especiales, manifiesta es importante lograr la aprobación de la prórroga antes, puesto que los jueces y otros actores deben hacer planificaciones del año.

Sin embargo, sin los votos de la oposición esta tarea es imposible. Además, el legislador señala que aunque están abiertos a modificar los decretos, no se puede limitar el trabajo de la prevención y la rehabilitación, como lo han propuesto algunos diputados como el presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos.

En este tema, las opiniones son diversas. Para ARENA, mientras los índices de violencia y criminalidad se mantengan no se puede pensar en priorizar programas de prevención. “No se puede prevenir en el Distrito Italia”, dijo el diputado tricolor, Mauricio Vargas, quien también es miembro de la comisión.

Para él, quien debe administrar los fondos debe ser la Fiscalía, la Policía Nacional Civil (PNC), La Fuerza Armada (FAES) y la Corte Suprema de Justicia, pues estas instituciones son las operativas.

Nueva propuesta

Almendáriz ya presentó una propuesta ante la Asamblea en la que pretende resolver el impase con la contribución especial. Las reformas a ambos decretos consisten en que sean la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad los que administren lo recaudado tanto por el impuesto a los servicios de telecomunicaciones como el que grava a los grandes contribuyentes.

Así, por ejemplo, si el Ministerio de Seguridad considera invertir en prevención que lo haga a través del Viceministerio de Prevención Social; si se necesita mejorar la represión que se haga a través de la Policía que está bajo la dirección de Seguridad.

Almendáriz explicó que la propuesta debe priorizar los recursos tanto para la policía como para la Fuerza Armada y sugiere que debe incrementarse el bono que estos efectivos reciben junto a los custodios de centros penales.

Sin embargo, asegura así como se encuentra el problema de criminalidad en este momento no se puede priorizar uno de los ejes de seguridad, así es que prevención, represión y rehabilitación deben tener un mismo porcentaje en la aplicación de políticas públicas, dijo.

“Los que sabemos y tenemos experiencia en seguridad pública, del combate a la delincuencia, en la situación que estamos ahora no se puede priorizar ninguno de los componentes de la política criminal, simultáneamente el combate, la prevención y la rehabilitación. Ninguno de ellos tienen más importancia que la otra”, sentenció el coronel.

En este sentido, esta nueva propuesta se convertirá en la prioridad uno de la comisión de seguridad para lograr modificar los decretos de la contribución especial y se logre la aprobación de la prórroga antes del 30 de marzo.

Mientras tanto, se espera que este jueves en la sesión plenaria se apruebe una transferencia de $7 millones que se han recaudado de la contribución especial que quedó pendiente desde diciembre pasado. Con la aprobación se orientan estos fondos desde el Ministerio de Hacienda hacia rubros de prevención y recuperación de espacios.