El fiscal general de la república, Douglas Meléndez, y el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez, defendieron ante una comisión legislativa la aplicación de la ley de extinción de dominio tal cual se realiza actualmente, ya que la incautación de bienes se ha convertido en una forma de golpear las finanzas de estructuras y personas que cometan delitos.

La ley de extinción de dominio se refiere a la incautación de bienes sobre los que hay sospechas que pudieran ser adquiridos de forma ilícita, sean estos propiedades, vehículos, negocios y otros.

En los últimos días se ha abierto la discusión sobre si la extinción de dominio atenta contra la presunción de inocencia que la Constitución otorga, ya que algunos de estos bienes son decomisados mientras se realiza la investigación contra presuntos delincuentes.

Meléndez defendió que la Fiscalía lo que ha hecho "es cumplir la ley" en aquellos casos en los que hay indicios que los bienes incautados provienen del cometimiento de ilícitos; "no es que antojadizamente se nos ocurre ir contra los bienes de una persona determinada", explicó.

Para el fiscal, los casos en los que se ha ido contra el patrimonio de personas son aquellos donde hay presunción que se han obtenido de manera ilícita.

Por su parte, el ministro Ramírez dijo que una reforma retroactiva a esta ley, como la plantean los diputados en la actualidad, podría entorpecer los procedimientos que ya se desarrollan. "Hemos estado viendo como ese modelo ha sido más eficaz en el combate a las estructuras criminales (...) También hemos visto los beneficios que representa a las instituciones que combaten a estos grupos", refirió.

Según los datos de las autoridades, en los últimos tres años han ido en aumento las propiedades incautadas en diferentes procesos; mientras en 2015 el valor de lo extinguido fue de $264,000, en lo que va de 2017 suman $491,789, "y la tendencia es a que se mantenga el aumento en los años siguientes", confirmó Ramírez.

La ley de extinción de dominio se ha aplicado en casos como la Operación Jaque, que golpeó a la estructura financiera de la Mara Salvatrucha, pero también se han incautado propiedades a políticos investigados por casos de corrupción, como el exdirector del ISSS, Leonel Flores, y el expresidente de la república, Francisco Flores.