La respuesta institucional es que el gobierno representa los intereses de la sociedad. La respuesta política es que representa los intereses del pueblo. La noción de sociedad connota totalidad, ricos y pobres; en tanto que asociamos la palabra pueblo al enorme bloque social, tradicionalmente excluido de las ventajas y los privilegios que monopolizan las élites minoritarias.

El punto es que sea sociedad o sea pueblo, ambos conjuntos están constituidos por una diversidad de sectores y grupos de interese no siempre complementarios sino más bien generalmente contradictorios. Si entendemos esto, y asimismo aceptamos que la regla más básica de la democracia consiste en que la minoría acata las decisiones de la mayoría, cualquier gobierno, sea de derecha o de izquierda, debe representar y defender de manera preferencial los intereses populares.

Pero lo que históricamente ha caracterizado la pugna entre la derecha y la izquierda, y que se expresa en la tensión entre libertad e igualdad (el liberalismo permitiría que el pez grande devore al pez chico, pero el igualitarismo sería esencialmente liberticida), es el grado de inclinación hacia uno u otro extremo del espectro social.

Es innegable que la derecha gobernó al país en función de favorecer preferencialmente los intereses de las élites económicas. Es razonable entonces, por lógica simple, esperar que la izquierda gobierne en función de favorecer los intereses de la mayoría popular.

Y en la práctica, más allá de los discursos, la defensa de tales intereses implica no solo garantizar el fiel cumplimiento de los derechos ya conquistados y convertidos en ley, sino también satisfacer las nuevas y legítimas demandas para mejorar aún más las condiciones de vida.

¿Pero qué ocurre cuando no solo no se satisfacen las nuevas demandas sino que además se amenaza con cancelar los derechos ya conquistados? 

Esta es la situación paradójica en la que esta ubicado el gobierno del FMLN. Si los dirigentes de ese partido comparten la afirmación de que las luchas populares de ayer son los derechos de hoy, están obligados a aceptar a que las luchas populares de hoy serán los derechos de mañana. Y que esa lucha legítima se intensificará de manera inevitable, como ha sucedido siempre en la historia, en la medida en que se le oponga resistencia, y mucho más aún si esa resistencia adquiere forma autoritaria o represiva.

Por su naturaleza, los movimientos sociales no son progubernamentales, y su condición básica de existencia es la de exigir el cumplimiento de sus derechos y la satisfacción de sus demandas agregadas. No hay manera de que un gobierno, por la razón que sea, se niegue al cumplimiento de lo que ya es ley sin violar la ley misma. No hay manera de que un gobierno mantenga la adhesión mayoritaria si no quiere o no puede satisfacer las nuevas demandas de los movimientos sociales.

No querer implica haber traicionada su propio programa político y su promesa a sus electores. No poder, significa simple y llana incompetencia. Explicar el origen de una imposibilidad o un problema, a manera de justificación, como los famosos 20 años de ARENA por ejemplo, no equivale a la solución de esa imposibilidad o de ese problema.

El pueblo no necesita explicaciones, reclama soluciones. 

El FMLN ofreció un cambio. El pueblo le creyó y le otorgó en las urnas el control del ejecutivo, pero al mismo tiempo ese pueblo le cedió más diputados a ARENA y una clara mayoría legislativa a la derecha en su conjunto. El mensaje popular fue claro. Queremos cambio pero no entregamos a la izquierda un cheque en blanco. El cambio solo es posible si hay diálogo, negociación y acuerdo con la derecha.

Pero volvemos al principio, los bandos que negocian representan intereses específicos. Cargar los costos de la crisis al pueblo por medio de más impuestos regresivos y de recortes en la inversión social, tal como lo dicta la receta del FMI, y dejar intactos los privilegios evasivos y elusivos de las élites, no es un buen negocio. Al menos no lo es para el pueblo.