El diputado de ARENA, Johnny Wright, se ha caracterizado por ir en contra de algunas de las decisiones que su grupo parlamentario ha comprometido acompañar, como cuando votó en contra de la elección del fiscal general, Douglas Meléndez.

Esta semana volvió a sorprender a los diputados con una decisión similar. Wright fue el único diputado que votó en contra de prorrogar las medidas extraordinarias por un año más. Esto le ha valido duras críticas, incluso, porque el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos dijo en el pleno: “en esto no hay medias tintas o se está a favor de los pandilleros o en contra”.

Para Wright la implementación de estas medidas en los centros penales ha supuesto una serie de violaciones a los derechos de los pandilleros, de los criminales, de los asesinos. A su criterio estas medidas no hacen más que tener un enfoque cortoplacista e incluso se atrevió a compararlo con el muro que piensa implementar la administración de Donal Trump en Estados Unidos.

Usted fue el único de ARENA que votó en contra de la prórroga de las medidas extraordinarias, ¿cuáles son sus razones?

En primer lugar las medidas extraordinarias como las conocimos aquí en la Asamblea Legislativa eran una serie de medidas enfocadas en el control de la situación que se había perdido en los centros penales que se dio hace un año. El gobierno propone que para poner orden en los centros penales hay que adoptar ciertas medidas y de hecho en aquel momento acompañé con mi voto. No obstante, nos hemos dado cuenta que muchas de estas medidas de hecho infringen o suspenden y violan derechos humanos de personas. Eso lo veo yo sumamente alarmante. Además, con estas medidas, tampoco creo que se está cumpliendo la Constitución en materia de centros penales.

¿Por qué?

La Constitución habla de rehabilitar. Nosotros en El Salvador no tenemos cadena perpetua, no tenemos pena de muerte. La mayoría de los jóvenes pandilleros en algún momento van a salir de la cárcel. ¿Qué se les está haciendo ahorita? Se les está tratando como animales. Ya la Sala de lo Constitucional se pronunció en torno al hacinamiento que es una realidad; es decir, el Estado no puede construir la suficiente cantidad de centros penales para estar a la par de la demanda de todas las capturas que se están haciendo, pero tampoco veo viable que la estrategia sea capturar a todos, aniquilar a todos los pandilleros, siendo aproximadamente 50,000 y si sumamos sus familiares, etcétera. Veo poco viable eso. Creo que la estrategia del gobierno es querer derrotar la violencia con más violencia.

¿Cree usted que es demasiado represivo este enfoque que se está teniendo?

El elemento represivo del Estado es una obligación. El Estado debe hacer cumplir la ley y no se puede exceder de la ley. Ahora ha habido casos, que de hecho, la Procuraduría General de la República, ONG y otros han señalado, que se genera una sospecha de abuso de poder y de autoridad que no sé si se han investigado con la debida responsabilidad.

¿Cree que ha habido abusos de parte del Estado?

Yo he visto que en estos últimos dos gobiernos se ha desnaturalizado el Estado de derecho. Por un lado, el anterior gobierno plantea una negociación con los grupos criminales que los legitimó y lo hace de una forma poco transparente, con mucha oscuridad y poca legitimidad; y por otra parte ahora estamos viendo el otro extremo. Estamos viendo el extremo de violar derechos fundamentales de reos, mire aunque sean asesinos no dejan de tener derechos y por supuesto que las víctimas a dónde quedan en todo esto.

Justamente eso quería preguntarle, ¿qué papel juegan las víctimas en todo esto?

Quién por las víctimas de la violencia, quién por esas familias, quién por la gente honrada que quiere trabajar y no puede acceder a su trabajo o el estudiante que quiere ir al colegio, pero no puede. Ahí lo dijo un diputado: el joven que quería enamorarse pero no puede cruzarse la línea porque habían pandillas rivales. Esa es la situación de El Salvador. Yo no creo que sea un momento para celebrar o reconocer una victoria, o reconocer que vamos inclusive por buen camino.

¿Entonces cree que no han funcionado las medidas extraordinarias que se han implementado?

Cuando hablamos de medidas extraordinarias, que son temporales, que son transitorias, si ya hablamos de extender el plazo, estamos hablando que esto se está volviendo una política de Estado permanente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando será el final, cuándo darán su fruto. El partido de Gobierno y el Gobierno insisten que están dando resultados y que han logrado una reducción de homicidios, pero no dejan de ser cuantiosos y exagerados el número de homicidios en el país. No deja de afectarme el conocer que cada vez son menos los estudiantes en las escuelas públicas, que cada vez son más los jóvenes que salen de nuestro país en búsqueda de oportunidades. No puede ser que la política de seguridad del Estado actual gire alrededor de políticas extraordinarias. Entonces francamente yo no fui convencido por este Gobierno.

¿Por qué?  

Pues además han sido poco transparentes. En sus informes han dado datos estadísticas que nada tienen que ver con medidas en los centros penales. En El Salvador por las últimas décadas, reina la impunidad y porque hay impunidad no hay justicia y porque no hay justicia los salvadoreños vemos como única opción viable la venganza y por ende reforzamos la violencia en nuestro país. Yo veo estas medidas extraordinarias como una política cortoplacista, simplista, para un tema fundamentalmente complejo, que requiere medidas integrales. Nuestro país requiere en materia de seguridad, mayor debate, mayor discusión.

¿Qué opina de algunos señalamientos que se hicieron en el pleno que usted al no apoyar la prórroga de las medidas extraordinarias está defendiendo a pandilleros y criminales? Incluso el presidente Gallegos fue contundente y dijo que en este caso no hay medias tintas. 

Yo creo que estar del lado del Estado de derecho de las leyes y del ordenamiento jurídico y constitucional es estar del lado correcto. No porque se abogue por el cumplimiento de los derechos de delincuentes, de asesinos, de reos, quiere decir que tampoco defendemos los derechos que tenemos todos los ciudadanos a vivir en un país con tranquilidad y a vivir en libertad. Yo veo eso como parte de la misma polarización que nos tiene entrampados y nos tiene hundidos como país. Este no es un tema blanco negro. Esto es un tema que requiere discusión, que requiere estudio, que requiere rigor académico y sobre todo, apegarse a las leyes del país.

¿Y qué es lo que queda por hacer?

Hay que exigirles más la las autoridades, hay que velar más por el Estado de derecho, hay que cumplir con los acuerdos internacionales y con las normas internacionales y con los convenios. Nosotros somos integrantes de las Naciones Unidas, somos países miembros. De hecho, ocupamos la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, por tanto El salvador tiene que ser un ejemplo y condenar de inmediato cualquier violación a derechos humanos.

¿En ARENA hubo problema de que usted votara en contra en esta ocasión cuando todos los demás votaron a favor? No es la primera vez que sucede…

Mire debo reconocer que la fracción decidió que habría que acompañar, aunque hubo disenso, aunque hubo desacuerdo, aunque hubo incluso intentos de reformar la propuesta del dictamen, esa fue la decisión de la fracción. Y yo de hecho cometí una infracción de acuerdo a nuestro reglamento de votar contrario y supongo que tendré que atenerme a las consecuencias que serán ya un tema y un asunto interno del partido.

¿Hay algún tipo de sanción por eso?

No, tendría que consultar el reglamento. Yo creo que es prematuro entrar a debatir este tema. Yo al final lo que he sido es consecuente con mi postura y con mi voto.