Disminuir los salarios altos, regular los gastos innecesarios, evitar la deuda excesiva, mejorar la recaudación de impuestos, tener presupuestos honestos y precisos son algunos de los elementos que se incorporarán en la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal que tanto el Gobierno como ARENA están discutiendo.

Este nuevo cuerpo legal obedece a una serie de presiones tanto de organismos internacionales como de la población misma para buscar mayor control en los gastos del Estado. Sobre todo cuando se evidencian funcionarios públicos con gastos onerosos y salarios excesivos, mientras el Gobierno se endeuda para salir a flote con los programas sociales o que recurra a préstamos para gasto corriente para pagar el Fodes a las alcaldías.

De hecho, la aprobación de esta ley ha sido una condicionante de ARENA para aprobar en la Asamblea la emisión de $1,200 millones para el pago de deuda y salir airoso de todos los compromisos que debe pagar en este 2016, incluidos subsidios y el pago a proveedores.

Aunque hay un pacto de confidencialidad entre ambas partes para no dar a conocer en detalle la propuesta, El Salvador TIMES conversó con algunos de los protagonistas de las discusiones, quienes detallaron algunos de los alcances que tendrá esta nueva normativa.

La Ley de Responsabilidad Fiscal se ha aprobado en la mayoría de países de mundo, pues pretende ser la referencia para mantener el orden de las finanzas públicas, establece metas a cumplir en el mediano y largo plazo. Además estipula los candados necesarios para que el país cumpla sus obligaciones financieras sin desajustar otros gastos.

El principal Ejecutor de hacer cumplir esta ley será el ministro de Hacienda de turno y velará porque todos los funcionarios del Estado se acoplen a las normas para el control de gastos.

Por ejemplo, para el caso del rubro de remuneraciones, esta ley está buscando que el Estado disminuya este gasto y pase del 9.8% del PIB actual, a un 8% o un 9%. En esa medida, lo demás se podrá ir usando en otros rubros más importantes.

El diputado del FMLN, Rolando Mata, explicó que si bien es cierto no se ha establecido techos específicos para los salarios de los empleados públicos o el número de plazas, al colocar un techo se asegura que no haya aumentos salariales desmedidos o que las plazas crezcan.  

Aunque cada ministerio hará la distribución de manera discrecional, la inversión en las áreas sociales se tendrán que mantener.  

El legislador lo explica con un caso específico: En los últimos días, el Ministerio de Salud ha tenido un problema serio con el tema del escalafón a los empleados. Con la nueva ley pondrá un techo para este rubro y será el titular de esta institución quien tendrá que ver cómo cumplirlo, pero sin afectar otras áreas. Sin embargo, el gasto en medicinas y el punto de mantener gratuidad en los servicios de salud tendrán que mantenerse.

La jefa de fracción de ARENA y quien ha sido una de las principales estrategas de esta ley, sostiene que en un país con una economía que crece tan poco no se puede tener un Estado inflado con tantas remuneraciones. “Eso hace que el presupuesto se le vaya y en el tiempo no les va alcanzado para los verdaderos programas sociales”, sostuvo.

Una ley para no mentir

Pero esta nueva normativa no solo se limitará a reducir los gastos del Estado. También está orientada a hacer más transparentes los presupuestos de la nación. Se deberán establecer techos de crecimiento económico, que implica un incremento en la recaudación de impuestos y que se distribuya de mejor manera.

Asimismo, evidencia la deuda pública, la deuda previsional y el déficit fiscal que deberán irse reduciendo conforme se ejecuten las distintas medidas.

De hecho, la ley obligará al Estado a irse ajustando a metas a cinco años y a 10 años y deberá arrojar los resultados esperados por ley.

Pero no solo eso. También obligará a todas las instituciones del Estado a entregar presupuestos ordenados, honestos y transparentes, priorizando el gasto en la inversión social. Hacienda recolectará esta información mes a mes y la tendrá lo más actualizada posible para que la población conozca qué se está haciendo con el dinero que paga con sus impuestos.

Esto se aplicará a los tres órganos del Estado, al Ministerio Público, a las municipalidades e incluso a las autónomas. Así, por ejemplo, aunque no se le baje el presupuesto a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que por ley debe ser 6% de los ingresos del Estado, actualmente antes de aprobar el presupuesto no estipulan el desglose de todos los gatos, la ley quedarán obligados a hacerlo.

Asimismo, se estipulan sancionen en dado caso el ministro de Hacienda en turno incumpla algunas de las regulaciones que tendrá por ley; es decir, no podrá entregar presupuestos maquillados, desfinanciados, que le falten algunos gatos, no podrá emitir más deuda de corto plazo de la que se estipule, entre otros.

Si el ministro comete alguna de esas faltas podrá hacerse acreedor a una amonestación, aunque aún no se ha definido cuál podría ser. Sin embargo, se podría amparar a una de las otras leyes ya existentes e incluso afronte una destitución.

“Trae en la legislación que sí está supeditado a sanciones si no cumple con lo estipulado por la ley. Es lo que hemos propuesto, esperamos que se mantenga porque es un punto de honor para nosotros”, señaló la diputada Calderón.

Todo lo estipulado por esta nueva regulación buscarían ordenar las finanzas públicas de tal manera que no haya más tentaciones de parte del Estado para salirse de los techos establecidos, que pague sus deudas y compromisos a tiempo y que evite los gastos innecesarios.

Esta ley continúa en estudio en la mesa fiscal que sostiene ARENA con el Gobierno y que espera esta semana afine los últimos puntos para ser aprobada en la próxima plenaria. Su aprobación se dará a cambio a aprobar una porción de los $1,200 millones que el Ejecutivo necesita para terminar el año en buen término.