La lucha del Estado contra las pandillas es el primer punto de discusión entre los diputados de la Asamblea Legislativa en la previa de las elecciones presidenciales, mientras la oposición trabaja en una ley creada por GANA para recuperar terreno donde acechan las estructuras criminales el oficialismo los acusa de manipuladores para sacar raja de un tema sensible para la población.

A mediados de la semana que finaliza, Osiris Luna se plantó frente a la recepción de correspondencia para presentar una propuesta de seguridad diferente a la de pena de muerte con la que el expartido naranja ha insistido desde hace varios años.

En la documentación esbozada en cuatro páginas, se entregó el trabajo de una mesa que tuvo la participación de ARENA para crear un edicto transitorio y así poder tomar control de zonas por al menos un año. Algo similar a las medidas extraordinarias en prisión pero esta vez apuntando a los delincuentes que están en libertad.

El FMLN sostiene que una política de este tipo en tiempos previos a las elecciones presidenciales busca sacar provecho para los respectivos candidatos presidenciales de los partidos de derecha ya que alegan que ya hay un plan de trabajo.

La propuesta presentada por Luna tiene objetivos, recursos a emplear en el proyecto, tipo de supervisión requerida para llevar el control de los avances, instituciones involucradas para llevar adelante el plan, operatividad y lineamiento sobre el tema de la reinserción social.

El diputado mocionante explicó que la iniciativa de su partido no busca ganancias políticas, sino que lo hacen por el beneficio de la población."Lo hacemos por el clamor popular, por la inseguridad que está viviendo el país, por esa inseguridad que está golpeando duro a la sociedad", comentó.

La propuesta presentada en la iniciativa de ley tiene cinco ejes de trabajo para comenzar a tratar el problema. "La información se tiene, tanto la Policía como el Ejército tienen información recabada por sus oficinas de inteligencia, saben donde están los delincuentes, quienes son, por donde se debe entrar, pero no se hace nada", lamentó Luna.

Experiencia en otros países

El plan tiene como base la experiencia de proyectos similares que el diputado de ARENA, Mauricio Vargas, ha ejecutado y supervisado  en países como Argentina, Brasil, México y Los Ángeles, Estados Unidos.

"En este tema no se a avanzado nada, y si el gobierno no lo quiere reconocer, es la población la que debe exigir. Es el gobierno el responsable de la seguridad del Estado, de las personas, de sus bienes y de su bienestar", dijo Vargas.

A criterio del exmilitar, no solo se trata de quitar territorios controlados y luego salir de ellos, sino que es de tener presencia y control permanente para que el problema no regrese. No obstante se queja de la negativa mostrada por la izquierda en este tema.

"Los diputados no somos el Gobierno. Son ellos los que deben buscar una solución. De forma personal he querido aportar, como lo ha hecho el diputado Ávila, que también ha sido director de la Policía Nacional Civil, pero son ellos (el Gobierno) los que al final deciden cómo llevan el tema", lamentó.

"Eso ya se está haciendo"

El subjefe de fracción del FMLN, Schafic Handal, desacreditó la propuesta planteada recordando que desde el Gobierno central se están haciendo los esfuerzos necesarios y que hay resultados palpables.

"Lo que a veces se busca es manipular este tema que tanto afecta al pueblo", dijo Hadal quien consideró que este tipo de temas surgen cuando se acercan periodos electorales.

"Lo que habla ese documento es lo que se está haciendo. Acabamos de ver las noticias sobre el golpe que se le ha dado a la MS, se ha golpeado financieramente y con detenciones, se está trabajando en eso. El Gobierno tiene un plan de trabajo y se está trabajando de forma conjunta", agregó Handal.

El legislador consideró que el problema de la delincuencia se debe ver de forma apolítica, en favor de la gente, ya que de lo contrario no se llegará a nada y se limitará al periodo electoral.

El próximo martes se va a someter a discusión la propuesta en la comisión de Justicia y Seguridad con la idea de obtener un dictamen favorable para que en la plenaria del próximo jueves se apruebe una vigencia de 12 meses, luego de su publicación en el Diario Oficial, y con periodos de 12 meses prorrogables hasta obtener los resultados perseguidos por la ley.