La Asamblea Legislativa reportará este año un ahorro de más de $2 millones en su ejecución presupuestaria, pero este fondo no será redistribuido para entidades sin fines de lucro, mejor conocidas como ONG.

El segundo vicepresidente del Órgano Legislativo, Donato Vaquerano, informó a El Salvador TIMES que esta semana fue presentada la ejecución presupuestaria de 2016 ante la junta directiva y en ella se evidenció que se tendrá un ahorro de $2,065,000 que pasarán directamente a reforzar el presupuesto del próximo año.

“Con eso no vamos a hacer lo que hizo Sigfrido (Reyes) de empezar a repartir la plata. En administraciones pasadas ponían a repartirse el dinero en una cantidad enorme de ONG, muchas sin sustentación legal, otras veces compraban obras de arte y hasta el momento no sabemos dónde están”, señaló el legislador.

Sin embargo, en este año lo no ejecutado a través de ahorros y recortes en gastos corrientes, pasará a utilizarse en 2017 o a tenerse dentro del fondo.

Para Vaquerano si todas las entidades de gobierno comenzaran a hacer recortes y a presentar ahorros “pudiera representar una ayuda a la creciente crisis fiscal del Gobierno”, recomendó.

“No es el hecho de que a usted le adjudiquen un presupuesto y se lo tenga que gastar todo que es la mentalidad de muchos de los encargados de las carteras de Estado o de los ministerios o de autónomas que tienen esa idea”, destacó.

Ello está enmarcado en el plan de austeridad que inició en noviembre pasado el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, quien fue duramente criticado por haber sido parte de quienes autorizaron la donación de fondos públicos para una ONG fundada por su esposa.

No obstante, Gallegos no es el único que ha sido señalado por esto. La expresidenta de la Asamblea, Lorena Peña, usó parte del fondo circulante –dinero destinado para erogaciones de carácter urgente- entre 2015 y 2016, para hacer donaciones a organizaciones, en las que se encuentran entidades afines al FMLN.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) admitió la semana pasada una demanda presentada por el movimiento Acción Ciudadana, quienes han pedido que se auditen los fondos que la Asamblea regaló a 121 ONG entre los años 2015 y 2016 que hacen un monto de $14.7 millones.

Dentro del listado de organizaciones sin fines de lucro aparecen varias ligadas a políticos o con afinidad partidaria, por lo que este movimiento está pidiendo se verifiquen para qué han sido usados esos fondos y si ameritó la donación, sobre todo porque fue hecha a través de fondos públicos.

Actualmente, existen dos mecanismos por los cuales algunas ONG son beneficiadas con fondos del Estado, una es de donaciones que directamente hace la Asamblea y la segunda se hace con los “sobrantes” que quedan dentro del presupuesto general de la nación y los legisladores los distribuyen en organismos sin fines de lucro.

Finalmente, los diputados se han comprometido a ser mucho más rigurosos con estos fondos que se otorgan a este tipo de entidades.