Política
Sala suspende entrada en vigencia de reformas a la Ley de Extinción de Dominio
Los diputados recibieron un nuevo golpe de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que echó al piso las reformas aprobadas recientemente.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) frenó en seco las recién aprobadas reformas a la Ley de Extinción de Dominio y suspendió su entrada en vigencia.
Las reformas fueron aprobadas por los diputados el 18 de julio pasado a pesar de la oposición de diversos sectores, entre ellos la Fiscalía. En las reformas se contó con los votos de los diputados del FMLN, GANA y dos del PCN.
De acuerdo a lo expuesto por los magistrados, en el proceso hay indicios de fraude a la Constitución de la República.
[Comunicado] Sala suspende entrada en vigencia de reformas a la Ley de Extinción de Dominio https://t.co/niErJ69icu
— Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) 11 de agosto de 2017
El comunicado difundido la tarde del viernes en el Twitter de la Corte indica que "aunque el proceso de inconstitucionalidad está pendiente de ser sentenciado, las reformas recién aprobadas alteran el análisis de inconstitucionalidad en el sentido que en muchos casos establecen regulaciones opuestas a las que se encontraban vigentes en el momento de la presentación de la demanda".
Los magistrados expresan que, a su juicio, las reformas aprobadas "podrían anular el deber institucional de combatir la corrupción y permitirían la legitimación o protección de la adquisición de bienes por medios ilícitos o la destinación de los mismos a fines que no sean lícitos", es decir que dejarían abierta la posibilidad a legitimar aquellos bienes adquiridos de manera ilegal por sus propietarios.
En esencia, las reformas apuntan a que aquellas personas que sean investigadas por casos de corrupción y que tengan bienes de los cuales se sospeche que fueron adquiridos de manera ilegal no se les puedan extinguir (quitar) de forma preventiva, es decir mientras dure el proceso judicial, sino hasta que haya una sentencia en firme de un juez.
Los detractores de la reforma indican que si una persona tiene bienes adquiridos de manera ilícita y no le son quitados mientras dure el proceso judicial, tiene tiempo suficiente para intentar legitimarlos mediante formas legales como la venta o herencia.
