El Juzgado Ambiental de Santa Ana ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales  (MARN) suspender la emisión de permisos para construcción en el lago de Coatepeque por cuatro meses en aras de proteger el terreno y el medioambiente de la zona. 

 Esta decisión llega después de que el Equipo Multidisciplinario de la Unidad Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, tras una inspección realizada el 21 de mayo de este año en la zona conocida como Calle Circunvalación, caserío la Bendición, cantón la Laguna del municipio de El Congo, departamento de Santa Ana, decretó una serie de medidas cautelares, entre estas la suspensión de la construcción en la zona. 

El tribunal también ordenó al MARN que elabore y emita las directrices para la zonificación ambiental y los usos del suelo en el lago de Coatepeque, concediéndole para ello; el plazo de sesenta días hábiles, debiendo remitir el informe a esta sede judicial.

Fuentes judiciales informaron que estas medidas se consideran idóneas para alcanzar el fin perseguido de la protección ambiental, así como al derecho a la calidad de vida y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como la salud de las personas que viven en los alrededores del caserío la Bendición, Cantón La Laguna, del municipio de El Congo, departamento de Santa Ana.

Tras la decisión del Juzgado ambiental, el MARN informó que a partir del 6 de agosto de 2018, quedan rotundamente prohibidas las construcciones en el lago por cuatro meses. 

Estas medidas tienen como origen un proceso judicial iniciado por un proyecto de construcción ubicado en la zona, el cual no cuenta con los permisos emitidos por las autoridades competentes como Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y alcaldía municipal del Congo.

Asimismo, no tiene un plan o diseño para las aguas lluvias, dicho proyecto de construcción consiste en un restaurante y cabañas, asimismo no cuenta con la aprobación del Ministerio de Salud, por lo que la jueza ambiental de Santa Ana determinó decretar las medidas cautelares que pertinentes