El Tribunal Especializado de Extinción de dominio resolvió que $279,000 que le fueron incautados a un colombiano en el aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, pasen a poder del Estado salvadoreño.

Rafael Silva Zambrano, quien asegura que se dedicaba al cambio de divisas (cambio de moneda), fue detenido cuando hacía escala en El Salvador, durante un viaje entre México y Colombia, el 2 de mayo del 2015. 

Las autoridades salvadoreñas señalaron que al momento de su captura el extranjero no pudo justificar la procedencia del dinero que llevaba en una maleta.

Al ser cuestionado por el dinero en el aeropuerto salvadoreño, Silva Zambrano explicó que era comerciante y llevaba consigo sus ahorros. Durante la vista pública señaló que compraba euros en su país, que viajaba a México donde los cambiaba por dólares estadounidenses y de regreso en Colombia los vendía. Según el imputado ello le generaba buenas ganancias.

Entre el 8 de mayo de 2014 hasta su detención en mayo de 2015, Silva realizó 32 viajes entre Colombia y México. En su último viaje hizo escala por primera vez en El Salvador pero no declaró el dinero. Este le fue incautado y él fue acusado de lavado de dinero ante los tribunales. Un juzgado lo absolvió penalmente por el delito; sin embargo -debido a la apelación de la Fiscalia, que se mostró inconforme por la resolución- la sentencia se encuentra en revisión ante una Cámara. 

Según Francisco Grimaldi, el abogado del colombiano, una parte del dinero que le fue incautado era producto de sus ahorros de toda la vida y su incremento patrimonial ha sido gradual en muchos años. Sin embargo, la Fiscalía asegura que el cambio de divisas -la cual es legal- no le podía generar ganancias significativas e incluso le dejaba pérdidas. 

La acusación señala, además, que Silva no presentó ninguna documentación que respaldara la compra y cambio de moneda tanto en Colombia como en México. 

Según el expediente judicial, Silva pasó de movilizar 50,000 euros en su primer viaje a México en 2014 a 255,000 euros en el último, en un periodo de un año. La jueza especializada determinó que tenía la autorización para realizar la compra y venta de divisas por parte del Sistema Tributario y de Control General de su país. 

Sin embargo, la juzgadora apuntó que "no se tiene mayores indicadores de respaldo de dónde se compraron las divisas o adónde se intercambian dentro de la República de Colombia", por lo cual no se establecía la procedencia lícita del dinero.

Los $279,000 se encuentran en resguardo del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), hasta que la sentencia esté firme; es decir, que dichos fondos no pueden ser cambiados por un tribunal superior. Los abogados de Silva Zamorano informaron, por su parte, que apelarán la resolución de la jueza ante la Cámara, ya que presentaron 176 pruebas que demuestran la legalidad del dinero.