Miembros de diferentes organizaciones sociales denunciaron este martes "una doble moral" de parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de Wendy Morales, una activista que esta siendo acusada de extorsión.

Las organizaciones sociales consideran que se trata de una persecución debido a las labores sociales que Wendy desarrolla por la defensa de los Derechos Humanos.

Amigos y compañeros de trabajo de Morales remarcaron que los representantes del ministerio público ordenaron la detención pese a tener pruebas débiles en su contra.

En contraste recordaron que en otros casos como el del empresario Enrique Rais y el exfiscal Luis Martínez se les han otorgado medidas sustitutivas, pese a que hay pruebas contundentes en su contra.

Morales fue detenida el pasado 5 de septiembre cuando regresaba de sus labores diarias a su vivienda ubicada en Quezaltepeque, donde estaba montado todo un operativo de allanamiento. La mujer fue acusada de un caso de extorsión por $150 debido a que el cobró de esa suma de dinero se hizo a través del servicio que presta una compañía de telefonía celular a un número que estaba registrado a su nombre. Bajo ese cargo fue llevada a un penal de Morazán donde se encuentra actualmente.

No obstante Morales asegura que ese celular se lo robaron a inicios del año 2014 y reconoce olvidó reportarlo como desaparecido por lo que asegura que son otras personas las que están realizando ese ilícito con su antiguo número de celular.

Esa situación ha causado la indignación de muchos activistas que aseguran conocer a lo joven quien a sus 23 años ha desarrollado diversas actividades de solidaridad con personas de escasos recursos, además ha luchado por los derechos humanos de indígenas y afrodescendientes.

Incluso la directora del Instituto Nacional de Juventud (INJUVE), Yeimi Muñoz, se pronunció en redes sociales y reconoció públicamente los aportes de Morales en el trabajo por los derechos humanos.

Los activistas que la respaldan aprovecharon para recordar sobre la solicitud que le hicieron a la FGR de que indague en otras aristas que demuestran su inocencia y señalan al ministerio público de restarle importancia.

Los defensores de Morales solicitaron un peritaje de la firma que aparece en el retiro del dinero presuntamente de extorsión y señalan que la Fiscalía se niega a realizarlo alegando que en su poder tienen el Documento Único de Identidad (DUI) de la acusada.