Miembros del Gobierno, FMLN y ARENA dieron un portazo a una posible negociación con las pandillas como lo propuso una facción de la Mara Salvatrucha (MS) la semana anterior, cuando incluso plantearon la propia desarticulación si la respuesta de los políticos es tomada de forma seria. Ninguno de los partidos mayoritarios, sin embargo, está mínimamente convencido de un eventual diálogo.

La solicitud de una de las pandillas más temidas en todo el mundo no hizo eco en los actores políticos, quienes fueron tajantes en señalar que los pandilleros no son personas de "confianza" con quienes se pueda negociar, tomando en cuenta su historial criminal.

Para el presidente del Coena, Mauricio Interiano, el Gobierno ya tiene un fracaso en el tema de negociar con las pandillas, "el Gobierno hizo una negociación con las pandillas y veamos los resultados; es necesario ver eso en perspectiva, para cualquier tipo de resultados debe haber voluntad y realmente tomar posiciones y tomar acciones. Finalmente se debe ver si hay voluntad de estas organizaciones de dejar lo que están haciendo. Pero será un tema que el Gobierno tendrá que tratar".

El alcalde de Santa Tecla por el partido ARENA, Roberto d'Aubuisson, aseguró que ni siquiera puede pensar que el Gobierno se plantee la posibilidad de negociar con las pandillas, porque "son ellos los que nos quitan la paz y con ellos no se puede negociar, porque no tienen connotación política debido a las actividades en las que están metidos", detalló. 

Oficialismo también dice no

Algunos diputados del partido oficial señalan que el planteamiento de esa estructura puede deberse a algún tipo de debilitamiento luego que la Policía Nacional Civil (PNC), en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), lograran asestar un golpe a las finanzas de la pandilla, de los fondos provenentes del accionar delictivo, en especial de las extorsiones y otros negocios ilícitos. 

Para Medardo González, secretario del FMLN, la petición de la MS "es puro divisionismo, el Estado salvadoreño no puede estar en juego en eso de diálogos y negociaciones con delincuentes".

En el gobierno de Mauricio Funes se estableció una mesa de dialogo entre entes políticos y las pandillas para reducir la criminalidad en el país, un hecho que fue corroborado por funcionarios como el ministro de Justicia y Seguridad Pública de ese entonces, David Munguía Payés, pero que fue negado por el resto del gabinete de seguridad, dando como resultado el fracaso de la misma.

Tras esa experiencia de la tregua los funcionarios del partido de turno no se aventuran a aceptar un diálogo de esa índole, como expresó la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, quien aseguró que "ellos no tienen una connotación de fuerza política y seria realmente un desatino".

Los esfuerzos que el gobierno hizo el año anterior para combatir a las pandillas han reducido los homicidios y logrado recuperar algunos territorios, entre otros logros que aún no se plantean suficientes como para agenciarse la victoria contra los grupos criminales. 

Ello se comprueba con la petición que las autoridades han realizado de extender las medidas extraordinarias debido a que consideran que necesitan más tiempo para garantizar el control de las cárceles. Sin embargo la viabilidad de esa solicitud es cuestionable si se toma en cuenta las dificultades que han tenido para financiarlas.

A ello hace referencia Peña, quien pone en tela de juicio el discurso de los diputados de ARENA y su negativa a aprobar los presupuestos que están destinados al combate de la criminalidad. "Me llama mucho la atención que nieguen esos recursos y por el otro lado dicen que están preocupados y vuelven a su propuesta de tregua que ya se las había ofrecido -el diputado- Muyshondt", explicó.

Algunos diputados de ARENA como, Ana Vilma de Escobar, han tenido un planteamiento más mesurado al asegurar que "hay que hacer todos los esfuerzos posibles y explorar todos los caminos posibles para desmontar la violencia en El Salvador, dentro del marco de la institucionalidad, debido a que es un tema delicado que afecta a las familias salvadoreñas".