Sucesos - militares permanecen en libertad
Así fue la desaparición de tres jóvenes que se atribuye a soldados de Sonsonate
La Sala emitió el lunes una resolución en la que asegura que existió el delito de privación de libertad y se pide hagan una nueva investigación. Los soldados involucrados ya habían sido procesados y salieron en libertad.
La Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que abrir una nueva investigación en el caso del desaparecimiento de tres jóvenes en Armenia, Sonsonate, un hecho que ocurrió el 18 de febrero de 2014. Ese día, soldados del destacamento militar número 6 de Sonsonate llegaron a la colonia San Fernando 1 y les tomaron fotografías a los sujetos, se los llevaron y desde entonces, su familia desconoce el paradero.
Lo anterior se extrae del informe dado a conocer el lunes por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que mediante una resolución comprobó y declaró la desaparición forzada de estas personas.
Se trata de Óscar Oswaldo Leiva Mejía, Francisco Javier Hernández Gómez y José Fernando Choto Choto. Ellos estaban junto a Fredy Mauricio Villalobos Castillo y Mario Alberto Martínez Hernández.
De acuerdo al documento emitido por la Sala, los jóvenes estaban en una vivienda en la colonia San Fernando 1 junto a una vecina cuando llegó el grupo de soldados a increparlos y solicitarles sus identificaciones.
Al ser cuestionados, la mujer dijo que ella vivía en una casa cercana, por lo que dejaron que se fuera.
A los hombres, en cambio, les pidieron su documentación personal para verificar si poseían antecedentes penales.
Según el informe, los militares se los llevaron y los hicieron caminar hasta llegar a la línea del tren. Testigos aseguran que los soldados "chasqueaban" las armas y los golpeaban para intimidarlos.
Los fotografiaron y desaparecieron
Cuando llegaron hasta donde los militares les ordenaron, un sargento a cargo de la patrulla ordenó a un soldado que sacara una cámara y tomara fotografías de frente y de perfil de los retenidos. Luego, los cinco jóvenes fueron obligados a caminar por la línea férrea, pero los mismos soldados dejaron ir Villalobos Castillo y Martínez Hernández, pero no al resto. Desde ese momento, los jóvenes han sido buscados, sin éxito.
El resumen del caso en la sentencia emitida señala que los soldados involucrados -entre los que había unos mujeres- estaban bajo la dirección del sargento Santos Manuel Careto Ramírez.
Los padres de las víctimas llegaron esa misma noche a la delegación policial, donde la oficial de servicio les detalló que al registrarse un arresto por parte de soldados, siempre se reportaban en la delegación y que no se preocuparan. Una hora más tarde, una de las madres de las víctimas vio llegar a la brigada y les cuestionaron sobre el paradero de su hijo, y la respuesta que tuvieron fue la que a continuación se detalla:
Sargento Careto: “Ya regresarán (…) que son pandilleros pues. Si no son pandilleros, por qué se preocupan”.
Una de las madres: “Mi hijo no es pandillero, él está muy enfermo”.
Sargento Careto: “Ya regresarán, vaya hacer oficio a su casa”.
Tras ese corto intercambio de palabras, le cerró la puerta a la mujer.
Cuando otros familiares se acercaron al cuartel, les respondieron que los muchachos habían sido liberados y que los fueran a esperar a sus casas, sin embargo, hasta la fecha, nadie da razón de su paradero.
Las denuncias de desaparición han sido interpuestas antes la Fiscalía General de la República y también ante la Procuraduría de Derechos Humanos.
La explicación de los militares
En el destacamento se informó al Juzgado de 1ª Instancia, donde se lleva el caso, que no cuentan con el detalle de su paradero. Explicaron que las detenciones se realizaron tras una llamada ciudadana en la que alertaban de seis sujetos que ingerían bebidas alcohólicas en el lugar; sin embargo, vecinos y familiares se resistieron a la inspección y por esa razón tuvieron que llevarse a los cinco jóvenes a la zona de la línea férrea para poder verificar si realmente poseían o no antecedentes. Aseguraron que luego de este procedimiento, los dejaron en libertad.
La Procuraduría de Derechos Humanos, en su resolución sobre el caso, estableció como responsables del hecho al sargento Santos Manuel Careto Ramírez y a los soldados Manuel de Jesús Santos Sánchez, José Alexander Santamaría Constante, Ronald Alberto Rodríguez Pozo, Juan Ovidio Santiago García y Arely Elizabeth Esquina de Ramos, todos ellos asignados al Destacamento Militar 6, con sede en Sonsonate.
Tras este acontecimiento familiares de los desaparecidos realizaron una campaña mediática para dar con el paradero, pero tampoco hubo frutos. Incluso hubo excavaciones en supuestos cementerios clandestinos, pero los cuerpos tampoco fueron encontrados.
El caso fue procesado judicialmente, pero los soldados mencionados salieron libres de los cargos.
Con esta sentencia de la Sala, sin embargo, el caso será retomado y la Fuerza Armada tendrá que proporcionar información obtenida por cualquier medio lícito, misma que tendrá que enviarse a la Sala y a la Fiscalía.
