La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que la cifra que el diputado del PCN, Reynaldo Cardoza, no pudo justificar asciende a $1.6 millones, que comprobarían que el legislador se enriqueció ilícitamente.

Según, las cifras de la Fiscalía esa cantidad se desglosa de la siguiente manera: $806,479.25 que señaló la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), $665,336.55 lo que habría aumentado con los peritajes de los valúos de los inmuebles y mejoras que el legislador le hizo a los inmuebles, $155,561.33 lo que obtuvo a partir de algunos rendimientos, así como $31,819.84 que no pudo justificar de algunos rendimientos de depósitos bancarios.

En suma, para la Fiscalía, el diputado por el departamento de Chalatenango no habría justificado un total de $1,659,199.97, que sería la cifra por la que está siendo cuestionado.

“Todas estas cantidades son las que pedimos a la honorable Cámara que tome en cuenta para determinar el total del incremento patrimonial, las cuales pedimos que haga las valoraciones por separado”, expuso Héctor Martínez de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR.

Por su parte, la defensa justificó que para el caso del dinero que se obtuvo a través de rendimientos, es porque los inmuebles se ocupaban para un negocio llamado el Palacio Latino. Sin embargo, la Fiscalía determinó que no se entregó un balance de este negocio por lo que no pueden comprobar que así haya sido.

La defensa en su oportunidad estableció que la cantidad atribuida por los inmuebles se debe a que el perito de la FGR tomó en cuenta los valores actuales de las propiedades, donde incide las plusvalía pero que no se consideró lo que realmente el diputado pagó por ellos como se establecen en las escrituras.

Sin embargo, esa tesis la Fiscalía la desvirtuó al establecer que la defensa "perdió de vista" el objetivo de la audiencia que no era solo para que la parte demandante presentara pruebas de cargo, sino que la defensa a su vez presentara las pruebas de descargo que para el caso son documentación fehaciente que compruebe esa tesis y "eso no se hizo" explicó Martínez.

"Hemos probado, hemos logrado establecer con ambos peritajes que hay un incremento injustificado que se debe a que los bienes adquiridos de la naturaleza que fuere no tenía, el señor diputado, los recursos económicos para poderlos adquirir", reiteró Martínez.

Esta cantidad que ahora ha estipulado la FGR, es considerablemente superior a la que inicialmente determinó Probidad con 806,479.25 y a la que calculó al inicio de la audiencia de $1.3 millones.

El juez de la Cámara Segunda Sección del Centro dará el fallo el próximo viernes 3 de marzo, en la que se espera determine si hubo o no enriquecimiento ilícito. De ser así, al diputado se le podría aplicar la Ley de Extinción de Dominio para los inmuebles del legislador.

Las acusaciones surgen de las investigaciones de la Fiscalía, quien deberá comprobar ante la Cámara si son ciertas o no. Por el momento, los acusados son inocentes de acuerdo al derecho que les confiere la Constitución llamado presunción de inocencia, que indica que nadie es culpable hasta que es vencido en juicio.