Las instalaciones que hasta el pasado 16 de junio funcionaron como centro penal en Cojutepeque aún siguen sin utilizarse y, según el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, aún no se decide cuál será su nueva utilidad, aunque el funcionario dejó claro que no volverá a ser centro penitenciario.

El edificio, ubicado entre la 6° avenida Sur y la 8° calle Oriente de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlánque, es custodiado por elementos de la Fuerza Armada. Anteriormente albergó a 1,282 reos llegando a superar su capacidad en un 300%.

Ortiz manifestó que aún no se ha decidido cuál será el nuevo uso que se le dará a ese lugar; sin embargo adelantó que en los próximos días se reunirá con el ministro de Justicia y Seguridad para tomar una decisión.

Según las autoridades de Seguridad, la infraestructura fue inhabilitada debido a que no reunía las condiciones necesarias para mantener a esa cantidad de presidiarios y desde dicho local se habían ordenado gran cantidad de delitos, entre ellos homicidios.

Aunque no se ha especificado cuál será el destino del local, se sabe que servirá para tareas relacionadas con el área de Seguridad. “Son instalaciones que pudieran servir en el marco de seguridad en esta cruzada que tenemos”, recalcó Ortiz.

El penal presentaba condiciones inadecuadas para los reos, lo que llevó a la Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a declarar inconstitucional su utilización, aunque para algunos cabecillas de las dos pandillas más fuertes del país que estaban recluidos el él eran ideales para seguir delinquiendo.

La situación llegó a ser tan alarmante que muchos comerciantes y lugareños eran obligados a colaborar con a las pandillas económicamente bajo amenazas.