El juzgado especializado de Instrucción A envió a juicio a diez imputados en el caso Tregua, entre ellos el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, y el mediador entre grupos criminales, Raúl Mijango.

Dos personas han sido sobreseidas de manera definitiva, se trata de Margoth Mendoza, quien era miembro del consejo criminológico de Centros Penales, y Óscar Antonio Aguilar Hernández, jefe de la inteligencia policial. En tanto, se decretó sobreseimiento provisional para el inspector Luis Alonso Aguilar Marín, debido a que el único testigo que lo menciona no lo reconoció en rueda de prensa.

Además, la jueza aceptó que el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, y el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, declaren en calidad de testigos. Su comparecencia fue ofertada por el mismo Mijango la semana anterior cuando finalizó la audiencia preliminar he hizo uso de su derecho a la última palabra.

También tendrán que desfilar como testigos el expresidente Mauricio Funes y el actual ministro de la Defensa, David Munguía Payés. Ambos han sido objeto de comentarios porque, a pesar que la Fiscalía ha determinado que tenían conocimiento de la tregua y apoyaron desde el Gobierno para su desarrollo, no están incluidos en el proceso.

En su defensa, la Fiscalía advirtió que de momento no existen suficientes pruebas para incriminarlos por el cometimiento de algún delito durante ese periodo.

A los imputados se les acusa de haber cometido diversos delitos en beneficio de cabecillas de maras y pandillas durante el periodo que funcionó la tregua entre grupos criminales, que contó con la venia del gobierno del entonces presidente Mauricio Funes.

La Fiscalía dijo estar satisfecha con el ordenamiento de juicio para la mayoría de implicados; mientras que en el caso de los tres sobreseidos se limitó a decir que van a revisar el documento físico que va a ser entregado el lunes para analizar los argumentos planteados y decidir si hacen una apelación o no.

Mijango: Es un caso político

Luego que se leyera el fallo, Mijango lamentó que el caso haya pasado a la siguiente instancia, según él, a costa de obtener réditos políticos en un año preelectoral.

"Este es un caso extremadamente político, estamos en una etapa de preelecciones y una absolución definitiva no podría ser promulgada. La resolución lo que hace es mantener vivo el proceso, una nueva etapa donde trataremos de demostrar nuestra inocencia", acotó.