El 23 de noviembre de 2015, un comerciante del centro de San Salvador recibió una sorpresiva y desagrable visita. 

Ese día, un sujeto entró a su negocio y le informó que a partir de esa fecha debería pagar $10 semanales. El comerciante intentó negarse a ceder a la extorsión, ante lo que el delincuente amenazó: “Si no me los dan; aquí, los mato a todos”.

Cinco días después, otro sujeto llegó a retirar el pago y así, cada sábado, puntualmente, durante las próximas nueve semanas la muerte amenazaba al comerciante y sus empleados con una matanza, sino pagaban 10 dólares.

Pero el monto fijado rápidamente aumentó. Recién llegado 2017, las cosas empeoraron. Eso pensó el comerciante cuando los extorsionistas adelantaron el día de la visita y entraron en su negocio. Era viernes y le informaron que la cuota subía a $50 a partir del día siguiente.

El comerciante alegó que era imposible, porque no tenía la capacidad económica de pagar; pero nuevamente surgieron las amenazas de atentar contra los empleados y su familia.

Al verse acorralado, el comerciante se armó de valor y asistió a la Policía a interponer la denuncia. Ahí, le dieron asesoría y arreglaron una entrega controlada. Así, una de las investigadoras policiales asignada al caso se hizo pasar por empleada del comerciante y fue quien le dio el dinero "marcado", billetes seriados.  

Puntual a la cita, a las 3:20 de la tarde, llegó el extorsionista a recoger el dinero y mordió el anzuelo.

La investigadora como las fotografías que se tomaron del momento, identificaron a Juan C. de 52 años, como el que recogió el dinero.

Afuera, en las cercanías del negocio, estaban instalados otros policías que pudieron identificar que Juan C. conversó con dos hombres más, entre ellos José Y. y otro más que se mantiene en fuga. Al ser cacheados, los sospechosos tenían los billetes marcados en sus bolsillos.

La defensa alegó que debido a que estos eran vendedores de agua podían haber andado los billetes producto del negocio. 

No obstante, el Tribunal Cuarto de Sentencia, donde se ventiló el caso determinó darles 10 años y dos meses a ambos sujetos.