La familia Paz Juárez presentó este viernes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los representantes de la empresa Salazar Romero por el delito de estafa agravada por venderles una casa dañada en la Residencial Metrópoli San Gabriel, jurisdicción de Apopa, en 2014.

La demanda que presentaron los esposos es en contra de José Raúl Salazar, Rosa María Romero de Salazar y Cristian Omar Valdivieso Ávila, este último, representante legal de la constructora.

De acuerdo a la denuncia, a inicios de 2014 los Paz Juárez firmaron contrato con la empresa para adquirir una casa en el proyecto Metrópoli San Gabriel, valorada en $94,354, misma que les fue entregada en marzo de ese año.

La casa está ubicada en el clúster 7, polígono 1, de la mencionada residencian ubicada en el bulevar Constitución carretera a Quezaltepeque y al poco tiempo de firmado el contrato comenzó a presentar graves daños estructurales a pesar de que estaba garantizada para ser habitable.

Sin embargo, la familia cuenta que a solo dos días de habitarla, cayó una fuerte lluvia que dejó al descubierto los daños que tenía: filtraciones de agua en el techo, inundaciones y tuberías tapadas, porque no tenían la profundidad reglamentaria.

De igual forma, un estudio técnico constató una mala nivelación de los pisos ya que el agua en vez de correr hacia fuera, lo hacía en dirección a la habitación principal, lo que provocaba que se inundara.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía, también aseguran que la empresa no había realizado ningún trámite para la obtención del permiso para construir, mucho menos para comercializar esa vivienda.

Así, presentaron las pruebas que muestra que aún hay procesos pendientes en la alcaldía de Apopa con los permisos, así como en la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS).

En este sentido, la familia también interpuso un aviso ante la Fiscalía por el delito de construcciones no autorizadas, para que se realicen las respectivas investigaciones.

Reclamaron y fueron desalojados

Este no es el primer proceso que presenta la familia Paz Juárez en contra de la empresa constructora, pues llevan un caso en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador por el delito de ejercicio violento del derecho en contra de los representantes de la empresa.

En ese proceso, la familia acusó a José Raúl Salazar y Rosa María Romero de Salazar de haber desalojado de manera inadecuada su vivienda. Incluso, aseguran que les sacaron todos sus objetos personales, cambiaron la chapa de la casa y solo una parte de los objetos les fueron devueltos.

Según la acusación fiscal, la noche del 6 de octubre de 2014 los cuatro miembros de la familia Paz Juárez llegaron a su casa y no pudieron entrar.

A la mañana siguiente, a eso de las 4 de la tarde, llegó un cobrador al trabajo de los esposos y les dijo que la casa había sido recuperada y que sus cosas personales habían sido llevadas a las bodegas de Salazar Romero.

Corrieron a la casa y la mayoría de sus muebles y objetos personales ya no estaban en el inmueble. Justo en ese momento, interponen una denuncia y llegó la Policía a verificar. Horas más tarde, las cosas de la familia Paz Juárez aparecieron frente a la empresa propiedad de ambos.

Los esposos aseguran que este desalojo ocurrió debido a que ellos habían señalado las inconstancias e irregularidades en la urbanización y como represalias, les quitaron su casa y desaparecieron sus objetos.

Sin embargo, Salazar Romero alega que los esposos habían caído en mora y por eso fueron desalojados; incluso dicen existe una carta donde ellos reciben los papeles de la casa, así como las llaves y las tarjetas de acceso.

No obstante, la familia Paz Juárez negó que hayan entregado la casa de manera formal y además aún tienen las llaves y las tarjetas de acceso que lo comprueban.

Asimismo, aunque reconocen que habían dejado de pagar ante los daños que presentó la casa como medida de presión, recuerdan que habían llegado al acuerdo de que una vez se repararan los daños, pagarían. Incluso, se emitió un cheque con lo adeudado que quedó reservado para cuando se hicieran todas las reparaciones, pero estas nunca llegaron.

Ahora, este caso se definirá en los tribunales, donde la familia espera recibir una compensación económica por todo lo perdido en ese hecho, que han valorado en $50,000.  

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— ElSalvadorTIMES (@DiarioTIMES) 24 de julio de 2017