• Diario Digital | Miércoles, 28 de Junio de 2017
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Sucesos - REALIZARÁN TRABAJOS DE UTILIDAD PÚBLICA

Empleada de Call Center y motorista condenados por vender incapacidades del ISSS a $10

El apoderado del ISSS informó que las investigaciones continúan, porque se tiene conocimiento de otros casos de entrega de incapacidades falsas al tiempo que advirtió a los empleados abstenerse a adquirirlos para no cometer un delito.

Fotografía: Centro Judicial Isidro Menéndez
Fotografía: Centro Judicial Isidro Menéndez
Empleada de Call Center y motorista condenados por vender incapacidades del ISSS a $10

Una empleada de un call center y un motorista fueron condenados a realizar trabajos de utilidad pública, luego de confesar haber tenido en su poder incapacidades falsas del ISSS para comercializarlas.

María José Rodríguez, de 48 años, y Ronald Gilberto Ramos Guerra, de 35, fueron capturados el 28 de abril del año pasado en el centro comercial La Campana, sobre la alameda Roosevelt hasta donde llegaron alrededor de las 10:30 de la mañana para entregar una incapacidad a "un cliente", sin saber que se trataba de un policía encubierto.

“Camisa a cuadros de la incapacidad”, era la frase clave que un comprador debía indicar a los ahora condenados para identificarlos. Esa misma frase fue la que dijo el investigador a Rodríguez, quien de inmediato colocó el documento sobre la mesa.

"Entré al restaurante Mister Donut llevando conmigo una incapacidad para José Giovanni Santamaría. Cuando entré vi a un señor con una camisa de cuadros y me le acerqué. Le entregué la incapacidad; cuando él la agarró, la extendió, la vio y me dijo que estaba detenida", confesó entre lágrimas Rodríguez, quien aseguró que sólo era la encargada de entregar el documento falso.

De inmediato, el investigador le preguntó por Ramos Guerra, quien se había quedado en el parqueo. "Le señalé la ventana y vio donde estaba", agregó la mujer quien pidió perdón por el Uso y Tenencia de Documentos Falsos.

"Un hombre con un arma me dijo que me bajara del carro y que estaba arrestado", recordó por su parte, Ramos Guerra, quien reconoció que en su carro fueron encontrados sellos de emergencias de la unidad médica Zacamil, sellos con nombres de doctores, formatos de incapacidades y una incapacidad lista a nombre de Jennifer Vanessa Paz.

-¿Cómo obtuvo usted esos sellos?, cuestionó la fiscal del caso a Ramos Guerra.

-En realidad, no sabría decirle. Me los dieron.

-¿Para qué tenía esos formatos en blanco de incapacidad?

-En realidad, los estaba transportando.

-¿Cómo obtuvo esos formatos?

-Tampoco sabría decirle. Me fueron entregados en una bolsa de manila por una persona de la cual desconozco el nombre. 

-Usted llevaba una incapacidad

-Si

-¿Por qué la llevaba?

-Porque me la dieron.

Esas fueron las respuestas del imputado en el interrogatorio hecho por la Fiscalía. Él se negó a informar para qué empresa trabajaba como motorista o quién le habría entregado las incapacidades falsas y al igual que Rodríguez, también pidió perdón.

Forma de operar

Ambas personas se dedicaban a ofrecer las incapacidades médicas en los alrededores de los call center a un precio de $10 cada una, siempre que no excediera tres días, para no levantar sospechas ni crear afectación a la institución.

El negocio se pactaba a través de teléfono, pero se concretaba en los restaurantes ubicados en los alrededores del Salvador del Mundo. 

Una vez en el lugar de entrega, el cliente debía decir la frase clave y le era entregada la incapacidad. Sin embargo, la abogada defensora de los imputados negó que sus clientes recibieran dinero. 

"Ellos simplemente iban a entregar la incapacidad, ahí terminaba su trabajo. Alguien los envió. Ellos no las falsificaban", dijo la defensora, mientras que el apoderado del Seguro Social, explicó que "en los call center, había un contacto que les indicaba quién tenía los sellos, las incapacidades falsas y así, se iba haciendo el comercio."

El apoderado además informó que las investigaciones continúan porque se tiene conocimiento de otros casos de incapacidades falsas.

"Este caso siembra un precedente para que no se sigan cometiendo estos hechos y para que además, los usuarios sepan que es delito la tenencia", advirtió el abogado que celebró la condena.

"Hay que buscar otro mecanismo para vivir", aconsejó el juez a los imputados, antes de informarles que estaban condenados a  un año y medio de trabajos de utilidad pública, en el caso de la mujer, y a tres años en el caso del hombre; además de prohibirles emitir el sufragio y optar a ejercer un cargo público. 

 

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