Un distribuidor de productos alimenticios para supermercados se vio obligado a huir del país por amenazas de las pandillas, ya que estos sujetos le exigían miles de dólares a cambio de no atentar contra su familia.

Julián (nombre cambiado por seguridad) era dueño de una empresa muy próspera y con larga data en San Miguel, en la que se dedicaban a comercializar productos alimenticios a empresas como Wallmart, según contó el mismo propietario a El Salvador Times.

Todo cambió a principios de diciembre de 2016, cuando sujetos desconocidos llegaron al local, que también servía como vivienda de la familia, en donde se elaboraban los productos.

En ese momento, le exigieron la cantidad de $2,000, argumentando “que no había querido colaborar desde antes”. Desde ese día, comenzaron las amenazas a la familia.

“Me dijeron que si no les daba lo que pedían me verían en 4 Visión y que me darían en donde más me doliera: mi esposa y mis hijos”, cuenta la víctima.

Julián, motivado por el temor infundido por estos sujetos, salió del país rumbo a México, exactamente cinco días después de la llegada de los pandilleros a su casa. Sin embargo, el 22 de diciembre de 2016, las autoridades mexicanas decidieron deportarlo y regresó a El Salvador el 3 de enero.

Ese mismo día que llegó deportado de México, los pandilleros lo interceptaron y volvieron a intimidarlo diciéndole que si pensaba que era broma lo que le habían dicho, lo matarían y que no querían verlo por la zona.

Dos días después estas amenazas, salió nuevamente, esta vez con rumbo hacia otro país, en donde está en proceso de ser asilado. Mientras que su familia se ha cambiado ocho veces de residencia por el temor a ser encontrados.

En un primer momento, su esposa y su hijo menor, se fueron a vivir a Nicaragua, pero se vieron obligados a regresar a El Salvador por los conflictos internos que tiene el país.

La denuncia sin frutos

El empresario no quería ser una estadística más en el país, por lo que decidió denunciar las amenazas y extorsiones de las que estaba siendo víctima.

Un agente policial, amigo de esta familia, le aconsejó denunciar el hecho ante la Fiscalía puesto que dentro de la Policía Nacional Civil (PNC) había agentes involucrados con las pandillas.

Fue entonces cuando decidió denunciar su caso ante las autoridades de la Fiscalía en San Miguel, esperando tener resultados de las investigaciones que creyó se realizaran tras la denuncia.

Sin embargo, Julián asegura que la fiscal a cargo del caso, Ana Ponce, nunca se comunicó con nadie de la familia, ni con los involucrados en el caso.

“Interpuse la denuncia, les di toda la información que me pidieron, pero la fiscal a cargo no hizo nada. No se contactó con nadie y yo sigo recibiendo constantes amenazas en Facebook”, contó el preocupado hombre a este medio.

Ya son casi dos años desde que esta familia ha vivido en zozobra, esperando que las autoridades resuelvan su caso, sin embargo aseguran que jamás les han prestado atención.

Ahora solo ve con frustración y decepción como el asedio de las pandillas le quitó su negocio, el sostén para su familia, pero también lo separó de sus seres queridos y los ha dejado con el constante temor.

Desde el extranjero lamenta como la criminalidad lo expulsó del país y solo espera poder sacar pronto al resto de su familia del peligro latente en el que se encuentran.