Un empresario retuvo cuotas previsionales a 124 empleados durante ocho años por un monto de $96,398. Tres de los empleados acudieron a la Fiscalía para presentar una denuncia formal en su contra; sin embargo estas prescribieron, por lo que el demandado solo tendrá que pagar una multa de $5,910.

Según la acusación fiscal, Gilberto Morales Salazar, en su calidad de apoderado legal y administrador de la Sociedad Empacadora Bonamesa S.A. de C.V., habría realizado los descuentos de ley a sus empleados entre los años 2000 y 2008, pero no reportó el dinero a la AFP Crecer, al ISSS y al IPSFA.

Una de las demandas fue interpuesta el 27 de enero del año 2012 por José Ricardo Padilla Segovia, quien al intentar pensionarse se enteró que su patrono no reportaba el dinero a dichas instituciones. 

La AFP Crecer le notificó que la empresa para la cual laboró adeudaba $3,524.42 a su cuenta, a pesar de que el dinero sí le había sido descontado. La víctima tardó siete años más en pensionarse.

Pero el caso de Padilla Segovia no era el único en la empresa. Otros 124 empleados se encontraban en la misma situación con la AFP, en la que según el expediente presentado ante el juzgado Tercero de Sentencia, el empresario llegó a acumular una deuda de $77,955.17.

Otra empleada que había trabajado durante cuatro años en la misma empresa interpuso una demanda ante la Fiscalía, al enterarse que no le habían depositado las cuotas correspondientes a cuatro años de trabajo. 

La empleada, identificada como Lorena del Carmen Henríquez de Cruz, se enteró cuando inició los trámites para la compra de una casa a través del Fondo Social para la Vivienda (FSV).

Dicha institución le notificó que no podía acceder al crédito debido a que no cumplía con los requisitos para acceder a un préstamo pues su patrono no había cancelado los descuentos de ley a las instituciones correspondientes.

Otro de los empleados que denunció a la Empacadora Bonamesa  fue Gilberto Valencia, a quien la empresa dejó de abonar $4,379.78 al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). Pero en este caso el juez de Sentencia hizo ver que ya había recibido la notificación que indicaba que el empresario había hecho los depósitos correspondientes para saldar la deuda.

A pesar de presentar suficiente documentación que amparaba las denuncias en contra de Morales Salazar por retención de cuotas previsionales de sus empleados, el juez notificó que la acción penal en los únicos tres casos presentados ya habían prescrito.  Es decir que Padilla Segovia, Henríquez de Cruz y Gilberto Valencia interpusieron las demandas mucho después que el ilícito había sido cometido.

No obstante, en el caso de los descuentos al Seguro Social, el juez determinó que la acción penal no había prescrito al momento de presentar la denuncia, ya que "el último acto de ejecución se realizó en junio de 2010". Por esta razón se impuso una multa de $5,910 los cuales deberán ser entregados al Estado.

Además, el juzgador declaró en abstracto la responsabilidad civil; es decir, el pago económico a las víctimas. Este monto será establecido en un juzgado de lo Civil.

El juez informó a los afectados que dicha acción no prescribe, por lo que deberán abocarse a los juzgados civiles y mercantiles competentes e iniciar el proceso respectivo.