Un empresario se valió de artilugios legales para no pagar $18,971.01 que retuvo a sus trabajadores en concepto de pago del Seguro Social durante varios años. En cambio, el hombre solo devolvió $433 por prestaciones de salud entre 18 empleados.

Juan Aberle, representante legal de la sociedad Sistemas Interclima de Centroamérica (SISCA) no pagó las prestaciones legales de sus trabajadores entre los años 2002 y 2005, por lo que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) lo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de apropiación o retención de cuotas labores, que tiene una pena que va de los 4 a los 8 años de prisión. 

SISCA era una empresa dedicada a la importación y distribución de mercadería, especialmente la venta e instalación de sistemas de refrigeración, ventilación y calefacción, entre otros.

El empresario fue acusado de no pagar $21,874.05 -saldo a capital, intereses y multa-, dinero que era descontado a los trabajadores pero no era trasladado al Seguro Social, dejando a los empleados "desprotegidos de prestaciones de salud y eventuales riesgos profesionales, además de negarles poder acceder a una pensión por falta de tiempo cotizado", según la denuncia del ministerio público.

Como se alargó el proceso

La denuncia fue interpuesta el 21 de junio del año 2005 ante la FGR, iniciando un largo proceso legal que terminó aprovechando el empresario para pagar la menor cantidad posible de lo que había retenido. 

Sus abogados interpusieron una apelación ante la Cámara Primera de lo Penal en 2008, cuando el proceso fue enviado desde un juzgado de Instrucción hacia el tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, donde un juez conocería la causa y podía enviarlo a prisión, además de ordenarle el pago del dinero adeudado.

La Cámara resolvió que el delito cometido en los años 2002, 2003 y parte de 2004 ya había extinguido toda responsabilidad por prescripción, es decir que no se podía continuar con ninguna acción penal en su contra. 

De acuerdo con la resolución, el empresario solo podía ser juzgado por no haber pagado las prestaciones de salud de sus trabajadores por cuatro meses -los últimos 2 del año de 2004 y los 2 primeros de 2005-, en lugar de responder por cuatro años, como era la demanda original. 

Con esto, la empresa quedó exenta de cancelar $18,971.01 -en concepto de pago a capital-, y en su lugar debía entregar $433 en concepto de reparación de daños causados a sus 18 empleados.

El juez sexto de sentencia autorizó que el imputado entregara esa cifra al departamento de reparación prejudicial del ISSS, cuyos abogados se mostraron en contra de la resolución de la Cámara e informaron que analizar presentar una apelación.