• Diario Digital | martes, 23 de abril de 2024
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Sucesos - Operación Jaque

A juicio empresario de la ruta 6 acusado de ser testaferro de un cabecilla de la MS

Otras cuatro personas más enfrentarán vista pública por ser acusados de alterar registros y matrículas de los autobuses desde el año 2013, cuando les decomisaron algunas unidades.

buses de la ruta 6
A juicio empresario de la ruta 6 acusado de ser testaferro de un cabecilla de la MS

Cinco sujetos capturados tras la operación Jaque enfrentarán juicio desde prisión en el proceso judicial que se lleva en su contra por ser señalados de alterar los registros y permisos para circular de 15 autobuses que son propiedad de un pandillero pero estaban a nombre de un testaferro.

Entre los procesados está Nelson de Jesús Aguirre, quien aparece legalmente como el propietario de los buses que hacen la ruta entre Cuscatancingo y el centro de San Salvador; sin embargo la FGR sostiene que es testaferro de un pandillero de la "ranfla" (jefatura nacional) de la MS.

La información de la Fiscalía detalla que el pandillero Juan Francisco Parada Morán, alias "Mongo", es el verdadero dueño de los autobuses. Parada se encuentra detenido en Guatemala desde octubre del año 2016.

Los otros detenidos son Sindirela Desirée Pacas de Luna, Evelyn Roxana Ferrufino de Pacas, Berta Yanet Parada de Zelaya y Roger Ernesto Choto Parras, quienes enfrentarán juicio por el cargo de falsificación de señas y marcas, falsedad material, falsedad ideológica y estafa en el Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado, San Salvador. 

Cómo operaban

La forma en que realizaban el delito es que alteraron los registros y las matrículas de los buses en reiteradas ocasiones desde el 30 de octubre de 2013, cuando les decomisaron algunas unidades y tras recuperar la respectiva documentación, volvían a reincidir en las acciones ilegales al grado de falsificar.

La Fiscalía intentará comprobar que los procesados estafaron al Estado por medio del cobro de la denominada compensación económica que el Gobierno otorga a los transportistas en calidad de subsidio para compra de diésel.

Cuando se desarrolló la audiencia preliminar, el fiscal del caso explicó que “se ha estimado que los empresarios cobraron ilícitamente aproximadamente $4,800, entre los meses de marzo a septiembre de 2013”, detalló.

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