El juzgado 14 de Paz de San Salvador decretó instrucción con medidas para los esposos Juan Carlos Monterrosa Pashaca y Josefina Armida Morales de Monterrosa, dos médicos genetistas acusados de delitos vinculados a actos de corrupción en el Instituo de Medicina Legal (IML).

Los profesionales son acusados por los delitos de negociaciones ilícitas y actos arbitrarios.

Junto a los galenos también está siendo procesada la sobrina de éstos, Sindy Berenice García de Portillo, quien permanecerá detenida mientras continúa el proceso en el que se le acusa de estafa, falsedad ideológica y venta a precio superior, en perjuicio del Instituto de Medicina Legal (IML).

Según el reporte judicial, los esposos, valiéndose de sus puestos, "realizaban compras por medio de licitaciones, compras directas y libre gestión, pero no proporcionaban las especificaciones concretas de lo que querían. Sin embargo, habían creado, a través de su sobrina, una sociedad llamada DIPROLAB, a través de la cual, ella era la única que pegaba con las licitaciones, sobrevalorando los costos a los productos en 10 ó 20 veces más a su precio original".

El abogado defensor de los médicos, Diego Escobar, argumentó que las acusaciones en contra de sus clientes se debe a que ambos son candidatos fuertes para ser directores del IML; sin embargo, dicha información no se ha podido confirmar debido a que los nombres de los candidatos a la dirección no han sido revelados por la institución y el proceso de elección se realiza a puerta cerrada en la corte plena.

Escobar aseguró que no hay pruebas contundentes que sustenten que sus clientes se hayan favorecido de otorgar licitaciones a Portillo y que por lo tanto no se ha cometido el delito de negociaciones ilícitas.

Asimismo explicó que la sobrina de éstos habría creado una empresa con el fin de vender más productos, ya que a título personal la comercialización de los medicamentos tiene un límite de venta.

Como parte de las medidas cautelares para los esposos Monterrosa, estos tendrán que presentarse a los Juzgados cada 15 días para firmar y no pueden salir del país.