Los familiares de dos hermanos de apellido Romero, que desaparecieron forzadamente hace 35 años en Cuscatancingo, continúan en su búsqueda y acudieron a la Fiscalía para pedir información sobre el caso que recientemente fue reabierto.

Jimmy Ortiz, sobrino de los hermanos Jorge y Francisco Romero, llegó a la Fiscalía General de la República (FGR) con el apoyo de representantes de FESPAD para solicitar una audiencia con el Fiscal General, Douglas Meléndez, para que les brindara información sobre los avances de ese caso; pero no obtuvieron una respuesta positiva.

Los hechos ocurrieron la tarde del 17 de enero de 1981 cuando los hermanos Romero se encontraban bañando en la poza El Chauite del municipio de Cuscatancingo, en las cercanías de su vivienda, cuando fueron reclutados por miembros del ejército.

En esos días la Guerrilla había lanzado la primera ofensiva a nivel nacional lo que había aumentado los reclutamientos para la milicia.

“Ellos estaban viendo televisión con mi abuelo y decidieron ir a tomar un baño al río porque estaba haciendo mucho calor; a ese lugar se desplegó un operativo de reclutamiento del cuartel San Carlos y se llevaron por la fuerza a todos los jóvenes que se encontraban ahí, incluidos mis dos tíos”, recordó Ortiz.

Ante la solicitud que presentó Ortiz el jueves en la Fiscalía, las oficinistas dieron el recado que en las instalaciones no se encontraba el Fiscal General ni los fiscales adjuntos; no obstante recibieron la carta que solicita esa audiencia.

Los familiares de los desaparecidos lamentaron que esta no es la primera vez que se van sin audiencia y dijeron que la FGR se ha negado con diferentes excusas a recibirlos.

Los parientes se movilizaron desde el primer día para encontrarlos al grado que el abuelo de Ortiz interpuso un recurso de Habeas Corpus ante la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un mes después que ocurriera el hecho; pero fue rechazado porque se alegó que los hermanos pudieron salir al extranjero.

Los hermanos tenían arraigos en el país y salir no parecía una opción para ambos. “Mi tío Jorge Romero era un empleado del Ministerio de Educación, dejó tres hijas, mientras que  mi tío Francisco era estudiante de la Universidad”, explicó Ortiz.

Ortiz, quien ahora se desempeña como técnico jurídico en la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), advirtió que denota “la inoperancia del sistema judicial, debido a que no se hizo una investigación objetiva, científica, concluyente y que todo quedó en la impunidad”, externó.

Los trasladaron al cuartel de la Guardia

La familia de Ortiz descubrió desde los primeros días que a los hermanos se los habían llevado la Primera Brigada de Infantería, pero cuando el padre de estos los fue a buscar a esa instancia le dijeron que ya no los tenían en su poder sino que se los había llevado la Guardia Nacional.

“Mi abuelo llegó a reclamarlos a la entonces Guardia Nacional pero negaron que los tuvieran ahí y dijeron que habían sido regresados a la Primera Brigada de Infantería” explicó Ortiz quien recalcó que con ese hecho se violó el bien jurídico tutelado de estos hombres y con ello se irrespetó la dignidad humana convirtiendo este caso de Lesa Humanidad.

Desde hace nueve meses en los que se ha solicitado la reapertura del caso no han recibido información alguna pese a que Ortiz ha presentado pruebas como el documento autenticado por la CSJ del Habeas Corpus que solicitó su abuelo en 1981 así como un reporte de la Cruz Roja Internacional que sostiene que los hermanos Romero estaban en la Exguardia.

Por su parte el coordinador del programa de seguridad ciudadana y justicia Penal de FESPAD, Nelson Flores, dijo que espera tener noticias del caso pronto pero advirtió que de no obtenerlas en los próximos días acudirán a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para presentar al caso así como al grupo de desapariciones forzadas de la Naciones Unidas.