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Sucesos - Según documento

Fiscalía acusa a Munguía Payés de recibir $25,000 de las tiendas de Centros Penales

El requerimiento fiscal estipula que el exministro de Seguridad confesó haber recibido esa cantidad de manos del exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda. Sin embargo, el actual ministro de Defensa no está siendo procesado en este caso.

Fiscalía acusa a Munguía Payés de recibir $25,000 de las tiendas de Centros Penales

El actual ministro de Defensa, David Munguía Payés, aceptó a la Fiscalía General de la República (FGR) que él recibió entre $20,000 y $25,000 provenientes de las tiendas de los centros penales, cuando fungió como ministro de Seguridad.

El requerimiento fiscal del caso que se sigue en contra del exdirector de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), Nelson Rauda y al actual director Rodil Hernández, y al que El Salvador TIMES tuvo acceso, explica cómo, supuestamente, ambos funcionarios sacaron dinero de las tiendas institucionales de los penales para hacer pagos de personal y de agentes de inteligencia, entre otros gastos.

Ambos funcionarios son acusados de haber dado órdenes para que se giraran cheques a nombre de los inspectores generales. Al ser cambiados esos cheques, el efectivo era trasladado a los ministros de Seguridad en turno.

En el caso de Rauda, presuntamente, habría hecho llegar el dinero en efectivo a Munguía Payés, cuando este fungió como ministro de Seguridad durante la administración del expresidente Mauricio Funes.

El general dijo a la Fiscalía que él no ordenó ni solicitó que se erogaran fondos para el pago de gastos de inteligencia. Sin embargo, sí reconoció que era una práctica sacar fondos de las tiendas institucionales de los penales.

Además, aceptó que en su caso llegó a recibir entre $20,000 y $25,000 en todo el periodo, que representó un estimado de $2,000 a $2,500 mensuales.

Pese a estas declaraciones, en el requerimiento fiscal no se acusa en ningún momento al actual ministro de Defensa.

En cuanto a los demás ministros de Seguridad –Ricardo Perdomo, Benito Lara y Mauricio Ramírez Landaverde- dijeron no haber estado enterados de esta práctica.

Montos que no cuadran

El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, brindó una conferencia de prensa bastante detallada la semana pasada de los montos que se sacaron de las tiendas de penales entre 2012 hasta la fecha. En total, dijo que tanto en el periodo de Rauda como en el de Hernández el monto cuestionado es de $5,606,611.90.

Y detalló en qué rubros y cuánto se erogó en cada uno de ellos. Aseguró que del total investigado, cerca de $4,497,045.62 fueron destinados para el pago de salarios y prestaciones de ley en la planilla de quienes conforman el sistema carcelario salvadoreño.

Sin embargo, en el requerimiento fiscal, las cifras distan de las que se dieron en esa conferencia de prensa.

En el caso de Rauda, se expone que se emitieron cheques entre febrero de 2012 a mayo de 2013 a nombre del subdirector técnico de ese entonces, José Luis Rodríguez, y del inspector general de Centros Penales de la época, Anibel Eduviges Rodríguez Villeda.

Estos cheques tuvieron como monto total para el pago de inteligencia: $69,522.36 y para complementos salariales fue de $65,937.61; de los cuales $39,599.29 no se logra identificar qué persona los recibió.

Por otro lado, en el caso de Hernández, se emitieron cheques desde mayo de 2013 a la fecha en los que $138,747.61 se usaron para pagos de inteligencia y $53,356.80 se usaron para complementos salariales.

La suma de estos montos que se reflejan en el requerimiento fiscal es de $327,564.38, muy por debajo de los más de $5 millones que estipuló el fiscal general en su conferencia de prensa. La Fiscalía, ahora en la etapa de instrucción, deberá demostrar e identificar dónde están los otros montos.

De hecho, la jueza de Paz cuando envió el caso a instrucción, increpó a la Fiscalía, puesto que no se mostró lo suficientemente preparada.

Aseguró que en la relación de los hechos no solo no se colocan las cifras del monto que se está investigando, sino que no se detalla la participación de cada uno de los funcionarios investigados.

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