El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador aplazó esta mañana la audiencia de vista pública en contra del ex ministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, el ex viceministro Sigfrido Ochoa Gómez y otros cinco imputados por el caso Diego de Holguín.

La petición fue hecha por la defensa debido a que hay un recurso interpuesto en la Cámara Quinta de lo Penal que ha pedido la apelación sobrr unas pruebas que ha presentado la Fiscalía. Si ese recurso se aprueba esta audiencia de vista pública quedaría anulada.

En este sentido, los jueces de manera colegiada resolvieron debido al principio de economía procesal aplazar la audiencia. Esto debido a que sería inftuctoso y desgastante realizar un juicio que podría ser anulado. Sobre todo un juicio que se tiene programado para que dure tres semanas y reciba a 155 testigos.

Entonces, ante la incertidumbre de la decisión de la Cámara prefirieron aplazar la audiencia. La nueva fecha se estipula para el próximo 23 de agosto de 2017.

A los funcionarios, se les acusa de los delitos peculado, incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada.

En el proceso, se pretenden escuchar a 155 testigos. El expediente judicial contiene 20 mil folios del expediente judicial y 23 mil 334 folios de documentación denunciada presentada por Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Al juicio se ha hecho presente el actual ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, quien es quien presentó toda la documentación para que se abriera la investigación por irregularidades en el proyecto de construcción de esta carretera.

Nieto rechazó la presencia de Martínez, pues señaló que con eso se está politizando el caso. Agregó que se han presentado varias irregularidades y por esa razón incluso ha presentado una apelación ante la Cámara Quinta de lo Penal sobre unas pruebas presentadas por la Fiscalía.

Según la acusación de la FGR, el MOP bajo la administración de Nieto pagó un total de $63,330,000.99 a empresas por la construcción de la Diego de Holguín, ahora Autopista Monseñor Romero, que no se terminó.

La información detalla que el Tramo I tuvo un costo de $30,447,272.59, el Tramo II (inconcluso) tuvo un costo de $19,740,349.54

y por laudos arbitrales el Estado pagó $13,142,378.96. A esto se le suman $10 millones que se pagaron a las empresas por garantías que el Estado ya no recuperó.

Así en total son casi $74 millones los que habrían malversado en pagos a empresas que no cumplieron con el compromiso de la construcción.    

Ingresa exministro de MOP a sala 3B del centro judicial donde se llevará a cabo audiencia en su contra @DiarioTIMES pic.twitter.com/b8NV1P0B8U

— Teresa Andrade (@Trxandrade) 19 de junio de 2017