El sistema de denuncias que tiene la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está siendo utilizado por algunos personajes públicos y personas naturales para dañar la imagen de algunos funcionarios a los que piden investigar, muchas veces sin fundamentos valederos.

Lo anterior es parte del razonamiento del jefe de la sección de Probidad de la CSJ, Carlos Pineda. 

"Es importante el uso de denuncias, pero que no por molestar a otro funcionario venga (un funcionario) y solicite a nuestro oficial la auditoría solo por dañar la imagen de otro servidor público", explicó Pineda.

El problema de esta situación es que "no se tienen parámetros" para distinguir que una denuncia tiene la intención de perjudicar a un funcionario, pero en algunas ocasiones "las personas piden las investigaciones de otro sin tener ninguna sospecha o ningún fundamento y eso se puede utilizar para dañar la imagen", reiteró.

La CSJ ha fijado varios criterios para priorizar las investigaciones, como la relevancia del cargo del servidor público, los casos que de alguna manera salen a la luz por medio de investigaciones periodísticas y las denuncias que hace cualquier ciudadano ocupando los mecanismos legales que la ley establece.

La larga lista de investigados

Actualmente la sección de Probidad tiene en espera 76 casos de funcionarios bajo sospechas de enriquecimiento ilícito, que significa una presión para la dependencia de la Corte. Entre los funcionarios investigados actualmente están el alcalde de San Salvador Nayib Bukele; la ex vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar; el expresidente de la CSJ, Agustín García Calderón.

Sin embargo Pineda asegura que debe tomar en cuenta que la carga es mayor de lo que se mira superficialmente, porque "cada investigación se debe multiplicar por tres o por cuatro debido a que se investiga al núcleo familiar y si a eso le agregamos que hay sociedades o socios que están involucrados o trabajando juntos, también se investigan", explicó.

Según el funcionario las solicitudes del Instituto de Acceso a la Información Pública han saturado el trabajo, "nos hacen colapsar a nosotros, porque cualquier persona pide las auditorías cuando nosotros ya tenemos una investigación o varias investigaciones en curso", explicó.

Actualmente la sección trabaja en nueve investigaciones solicitadas por IAIP a finales del 2016 en las que se han enfocado para entregarlas, debido a que les han puesto plazos y con ello dejando en pausa otros casos relevantes.

Algunas investigaciones como la del diputado Reynaldo Cardoza, mismo del que salió bien librado al ser absuelto luego de determinarse el origen de sus bienes.