Este viernes finalizó la etapa de alegatos en el juicio que se lleva contra 18 personas en el denominado Caso Tregua dejando un sabor agridulce entre quienes han conocido de cerca el proceso. El motivo, en muchos sectores queda la sensación -o se ha reafirmado- que los dados se han cargado contra mandos bajos y no apuntan a quienes estuvieron detrás de la negociación con grupos criminales.

Al cierre de los alegatos de la defensa y los imputados, manifestaron su inconformidad al tener en el banquillo de los acusados a empleados, trabajadores y mandos medios, pero lamentaron que no se haya tocado a las altas esferas que avalaron y permitieron los ilícitos cometidos durante la tregua entre pandillas. En varias partes del proceso, los dedos señalaron al entonces ministro de Seguridad, David Munguía Payés, y al expresidente asilado Mauricio Funes Cartagena. 

En el marco de los alegatos finales, el defensor del ex inspector de Centros Penales, Anílber Rodríguez, lo resumió en una sola frase que dijo en su exposición: “Con el perdón del juez, él era un pobre gato", en referencia a que por su cargo solo obedecía órdenes que llegaban desde más arriba.

Aunque la frase provocó resquemores en algunos, también tuvo aceptación en otros. De hecho, el mismo Rodríguez lo confirmó en su derecho a la última palabra. “Yo inicié en la Dirección de Centros Penales ganando $350 y luego con mi trabajo fui creciendo, porque capacité y forme a más de 800 custodios de penales me dieron la inspectoría”, dijo Rodríguez.

Agregó no entender por qué no se habían incluido en este caso a otras personas que, a su criterio, debieron estar investigadas. “La Fiscalía ha querido hacer ver que yo tenía una alta jerarquía, pero yo solo me limité a cumplir órdenes de mis superiores”, declaró.

Defensa de Anílber Rodríguez, ex inspector, dice "con perdón del juez era un pobre gato", al alegar q no tenía poder d decisión @DiarioTIMES

— Teresa Andrade (@Trxandrade) 11 de agosto de 2017

En la misma línea, la entonces directora del Consejo Criminológico Paracentral, Carmen Elena Arévalo Mata, acusada de haber falseado los informes que permitieron el traslado de los reos del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, hacia reclusorios de régimen ordinario, en su derecho a la última palabra dijo ser “molesto e indígnate” que se les haya metido en este proceso.

“A mí se me ordenó que hiciera la evaluación y se me dio la orden de hacerlo en un tiempo establecido, pero no de hacer ningún ilícito”, manifestó. Explicó que con tal de cumplir la exigencia de hacerlo con prontitud trabajaron más tiempo y los informes se hicieron basándose en la información que otorgó el equipo técnico.

“No me parece justo que nos acusen de esto cuando lo único que hemos hecho es cumplir nuestras funciones. Somos gente de bien”, se excusó.

Son nueve los miembros del consejo y del equipo técnico que están siendo acusados en este proceso. “No puedo creer que me hayan puesto como cabecilla de una estructura criminal”, dijo entre sollozos.

¿Falta de voluntad o falta de investigación?

Una de las críticas que hicieron algunos defensores fue que no se haya incluido a todas las personas que estuvieron involucradas o que permitieron el cometimiento de ilícitos durante la tregua entre pandillas.

“No es posible que sea responsabilidad de cuatro ciudadanos el proceso de la tregua, con toda la logística financiera que necesitó. Es imposible inferir que era patrocinado por ellos mismos”, reclamó el defensor del subinspector de la PNC, Juan Roberto Castillo Díaz.

Y esto debido a que la Fiscalía ha acusado de asociaciones ilícitas solo a Raúl Mijango, Nelson Rauda, Anílber Rodríguez y Roberto Castillo, mientras que a las demás personas se le atribuye a 9 falsedad ideológica y a los exdirectores de centros penales incumplimiento de deberes y tráfico de objetos ilícitos.

FGR pide 18 años de prisión para Nelson Rauda y Anilber Villeda. 14 para Roberto Castillo y Raúl Mijango. #CasoTregua .1 pic.twitter.com/H0kcOUnyeF

— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 11 de agosto de 2017

En este sentido, uno de los defensores de los exdirectores señaló que en el juicio tanto el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Francisco Salinas, admitió que la tregua era una política de Estado, al igual que el entonces ministro de Defensa, David Munguía Payés admitió que fue avalada por él y autorizada por el expresidente de la República, Mauricio Funes, ninguno de ellos está implicado.

"Es falta de voluntad o falta de investigación de la Fiscalía. ¿Por qué no quisieron llegar más arriba?", cuestionó.

De igual forma, Roberto Díaz –en  el uso de su última palabra- aseguró ha sido bastante “incoherente” como se ha trabajado en este caso, pues se “le han ido agregando” personas y acusaciones. Se refirió a que ya hubo un primer juicio donde se acusaron a pandilleros, este sería el segundo proceso y refirió que habrá una tercera etapa, que recientemente anunció el fiscal general.

No obstante, para el entonces director de Centros Penales, Nelson Rauda, la investigación también debió a extenderse a otras personas en mandos medios o bajos que tuvieron papeles protagónicos o que fueron los que directamente permitieron el ingreso de celulares, como es el caso de los subdirectores de seguridad de los penales.

Pues refiere solo llegaron a rendir declaraciones como testigos que notaron las violaciones a la seguridad en penales, pero no se acusaron de ningún ilícito.

No obstante, ahora todo queda en manos del juez especializado de Sentencia “A”, quien deberá valorar todas las pruebas vertidas en el juicio para determinar la responsabilidad o no de los acusados en los delitos que se les atribuye.

Asimismo, podrá incluso ordenar a la Fiscalía que se amplié la investigación y se lleve a los tribunales a otros actores que se revelaron en el juicio, pero que aún están a la sombra del proceso.

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— ElSalvadorTIMES (@DiarioTIMES) 12 de agosto de 2017