• Diario Digital | viernes, 29 de marzo de 2024
  • Actualizado 00:00

Sucesos - Derecho al debido proceso

Magistrado Florentín Meléndez sobre reserva en casos de probidad: "el pueblo tiene derecho a saber qué pasa con los funcionarios"

El funcionario es del pensar que la resolución no era apropiada debido a que tiene efectos muy generales y aclara que hay supuestos en los que el pueblo tiene legítimo derecho a saber lo que pasa.

florentin meléndez
Magistrado Florentín Meléndez sobre reserva en casos de probidad: "el pueblo tiene derecho a saber qué pasa con los funcionarios"

El magistrado Florentín Meléndez reiteró su oposición a la sentencia que declaró reserva en los casos investigados por la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y destacó que es una medida que puede violar otros derechos constitucionales.

"No es apropiada una resolución con efectos tan generales, con una reserva tan general, porque pueden presentarse supuestos en los que el pueblo tiene legítimo derecho a saber qué es lo que está pasando con los funcionarios", explicó el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El pasado martes 20 de junio, ocho de 15 magistrados decidieron a favor ordenar reserva en los casos de Probidad hasta que no exista una sentencia en firme, a fin de evitar expectativas equivocadas sobre los procesos y basados en el principio de la presunción de inocencia.

Es decir, la población no podrá acceder a la información de la declaración patrimonial que los funcionarios presentan a la sección de Probidad, ni el reporte de hallazgos de irregularidades que la sección hace, así como tampoco a las discusiones de los magistrados.

Los magistrados que votaron a favor se ampararon en el Art. 240 de la Constitución de la República que establece que "la Corte tiene facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración, la que mantendrá en reserva y únicamente servirá para los efectos previstos en este artículo".

Sin embargo, Meléndez cree que ese punto de la Constitución debe ser interpretada en consonancia con otros artículos como "el que reconoce el derecho al acceso de la información de la población", el cual tampoco debe sobrepasar el respeto al honor y a la vida privada. 

Con la resolución, la CSJ podría frenar la orden girada por el Instituto del Acceso a la Información Pública (IAIP) que pide hacer públicas las auditorías de 20 funcionarios públicos entre los que está el mismo magistrado Belarmino Jaime, quien se abstuvo de votar, pero se mostró a favor de la disposición del artículo 240.

Otros exámenes que la IAIP ha solicitado son del expresidente de la Corte Suprema, Agustín Calderón; la diputada por ARENA Ana Vilma de Escobar y el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, entre otros.

Comentarios