Que priven la justicia y verdad, esa es la petición del ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez, en el caso que se sigue contra su subalterno, el director investigado de Centros Penales Rodil Hernández. El funcionario negó además que el Gobierno pida algún tipo de favoritismo en este caso.

“Como Ministerio de Justicia y Seguridad Pública nuestro interés es que se llegue a la verdad, que haya un juicio en el cual se respeten todos los derechos y garantías que cualquier imputado tiene, pero ante todo que se haga justicia”, explicó el Ramírez Landaverde.

Hernández fue detenido el lunes por administración fraudulenta en las tiendas institucionales de los centros penales. Según la Fiscalía, durante su administración y en la de Nelson Rauda se utilizaron $5.6 millones para fines que no están establecidos en ninguna ley o reglamento.

El funcionario reconoció que en las diferentes gestiones se han encontrado deficiencias y que incluso su antecesor, Benito Lara, ya había tomado algunas acciones para corregirlas. Así, destacó que ahora existe una administración profesional de las tiendas institucionales, “de forma que muchas de las situaciones que durante la investigación posiblemente se encontraron a la fecha, pues ya no están ocurriendo, ya no están vigentes”, explicó.

Han colaborado

Según el funcionario, la Policía Nacional Civil (PNC) y la misma Dirección General de Centros Penales han colaborado en todo lo que ha requerido la Fiscalía General de la República (FGR).

El lunes, a unas horas de la captura fue el mismo gobierno que emitió un comunicado de prensa en el que respaldó públicamente el trabajo del funcionario, destacando su “excelente trabajo, ética y compromiso” y mencionando su expectativa de que salga absuelto de cualquier responsabilidad penal.

Ramírez Landaverde destacó que las instituciones de seguridad han trabajado con base a la Constitución y la ley, pero que hay diligencias que las ha realizado exclusivamente la Fiscalía y que desconocen a cabalidad las acusaciones. A pesar de eso, el comunicado del Gobierno metió las manos al fuego por Hernández.

Sobre la detención el funcionario detalló que recibieron dos órdenes de captura en contra de Hernández, “Recibimos la orden de detención administrativa en un primer momento por actos arbitrarios y posteriormente recibimos una segunda orden por administración fraudulenta”, explicó.

El funcionario expresó que no hay una intención de solicitar medidas de protección especiales para Hernández pero recordó que “es lógico que se debe tomar en cuenta su calidad de funcionario, de director de Centros Penales”.

Hernández ha sido el director de centros penales durante todo el proceso de las medidas extraordinarias en las que se ha sometido a un control más riguroso a los reclusos, como la prohibición de visitas y de salidas a audiencias, el bloqueo de la señal de celulares en los centros penales e incluso cuando se ha enviado al penal de máxima seguridad a los pandilleros que son acusados presuntamente por participar en el homicidio o en el intento de homicidio de agentes policiales pese a que no han sido condenados.