En enero de 2012, Raúl Mijango tuvo una reunión con el recién nombrado ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, para plantearle una idea para reducir los homicidios: “Un proceso de pacificación” entre ambas pandillas.

Al menos eso es lo que recuerda Munguía Payés, según lo declarado por el mismo en el juicio donde ahora se le imputa a Mijango y a otros exfuncionarios haber ingresado y permitido que se cometieran ilícitos por parte de las pandillas a raíz de esa tregua.

El jueves, después de cuatro jornadas de esta audiencia, Payés, quien en su momento se autonombró “el padre de la tregua"; ahora reconoce: “No hablábamos de tregua, sino de proceso de pacificación”.

Sobre aquella reunión con Mijango –quien durante 2011 fue su asesor político cuando el general estuvo en el Ministerio de Defensa- dijo que le pareció una buena idea y decidió planteársela al presidente Mauricio Funes.

“Me parece inteligente, pero no podemos confiar totalmente en él”, fueron las palabras del ex mandatario, por lo que infiltraron a agentes de inteligencia en el proceso de tregua, además de involucrar a alguien de "más confianza", alguien de la Iglesia, pensaron.

Fue entonces que Payés –tal y como contó- buscó ayuda con el nuncio apostólico  y le sugirieron al ahora cardenal, Gregorio Rosa Chávez, quien aceptó, pero un viaje le impidió sumarse al proceso.

Pensaron en Rafael Urrutia, pero cayó enfermo, por lo que finalmente todo cayó en el obispo castrense, Fabio Colindres.

Con los autores ya definidos y luego de que Payés cuadró todo, a finales de enero, presentó el plan de la tregua al Gabinete de Seguridad, que incluye al Ministerio de Justicia y Seguridad, Policía Nacional Civil (PNC), Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y Ministerio de la Defensa Nacional.

Se aprobó y de ahí en más, todo quedó en manos de Mijango, “pero todo enmarcado en la ley”, aseguró el general.

Los alcances

Aunque el autonombrado “padre de la tregua” estaba constantemente recibiendo informes de los mediadores y de los agentes de inteligencia infiltrados, el general aseguró “no se enteraba de las minucias del proceso”.

Payés ordenó al director de Policía de ese entonces, Francisco Salinas, destinar a alguien de inteligencia para sumarse al proceso, fue entonces que a Roberto Castillo Díaz se le dio la misión.

Él tenía como función estar cerca de los mediadores e informarles a las autoridades de seguridad de los avances, así como de información sobre el perfil de los pandilleros y clicas.

Payés admite que la tregua fue una política de Gobierno, avalada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, y autorizada por la Presidencia de Funes, pero asegura que él se limitó a estar “informado” y no controlaba lo que ocurría.

La información de inteligencia que daba Castillo Díaz se usaba para verificar que el proceso caminara de forma correcta, pues a criterio del general sí había disminución de homicidios y se había perfilado ya a los líderes de pandillas y cuántos miembros tenían las clicas.

No obstante, de los ilícitos durante la “tregua” no conoció, dijo.

Los ilícitos que no conoció

El 13 de julio de 2012, pandilleros de las tres principales bandas criminales entregaron casi un centenar de armas de fuego.

Con bombos y platillos, se hizo frente al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza junto a Munguía Payés.

Sin embargo, en el juicio el jefe castrense alegó ignorancia acerca del mecanismo que los mediadores activaron para captar las armas y hacer el desarme. Payés dijo que tampoco se enteró de que los pandilleros pidieron no realizar cacheos y controles de ingresos en los penales.

Tampoco, conoció que los mediadores entraban a las cárceles sin ser registrados y no fue capaz de recordar si los directores de centros penales fueron instruidos para no registrarlos.

Sobre el ingreso de celulares, minimizó el hecho y dijo “siempre se ha conocido que hay celulares”. Al igual que con las fiestas, dijo “no me informaron (sobre fiestas en penales). Yo sabía que durante todo el tiempo han habido fiestas".

También en  2012, en el marco de la tregua, se hizo un traslado de reos del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca hacia centros penitenciarios comunes y el general admitió conocer el hecho, pero que entiende que fue porque el Consejo Criminológico había avalado ese traslado.

Sin embargo, tampoco logró recordar si fue informado antes o después de los traslados.

"Nunca asistí a ninguna reunión del proceso de pacificación", y dijo que solo tenía contacto con los mediadores cuando llegaban personalmente a buscarlo o cuando rendían informes al gabinete de Seguridad.

De igual forma, Funes siempre estuvo informado de los procesos, pues Payés reconoce que los mediadores estuvieron sentados con él, al menos en siete ocasiones en las que discutieron los avances de la tregua.

Luego del testimonio, el fiscal del caso admitió que las declaraciones han dado luces a la Fiscalía para continuar la investigación que incluso podrían llegar a tocar a más funcionarios, exfuncionarios y hasta políticos involucrados en un proceso que dejó más fortalecidas a las tres pandillas más grandes del país.

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