• Diario Digital | viernes, 29 de marzo de 2024
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Sucesos - En Fiscalía

Organizaciones sociales piden se investigue a Magistrado Belarmino Jaime

Esta es la segunda ocasión en la cual los representantes de la Alianza Social por la Gobernabilidad y Justicia a la Fiscalía piden se investigue por qué el magistrado no se excusó de participar en algunas resoluciones en las que tenía conflicto de intereses.

ASGOJU
Organizaciones sociales piden se investigue a Magistrado Belarmino Jaime

Los miembros de la Alianza Social por la Gobernabilidad y Justicia (ASGOJU) pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) se investigue al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Belarmino Jaime por participar en resoluciones que pudieron beneficiar a empresas de su propiedad.

Según el argumento de ASGOJU, el magistrado podría haber cometido el delito de Actos Arbitrarios al no apartarse de participar en dichas resoluciones, debido a que tenía un claro conflicto de interés.

Los demandantes pidieron al ministerio público que llegue al fondo de ese caso y que, de encontrar responsabilidades, se gestione las acciones necesarias para quitarle la protección de magistrado y sea procesado penalmente, según Leonel Herrera, representante de ASGOJU.

Las organizaciones señalan a Jaime de participar en los recursos de inconstitucionalidad y amparos interpuestos por las operadoras de telecomunicaciones que tenían como objetivo  de contradecir señalamientos que el órgano Ejecutivo y los gobiernos municipales hicieron contra las actividades de esas empresas.

Este es el segundo aviso que hace la Alianza a la Fiscalía en relación a ese caso para que la FGR priorice su investigación.

El 22 de septiembre pasado denunciaron al magistrado Jaime ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por haber participado en la resolución de varios amparos de empresas telefónicas contra las alcaldías municipales de Chiltuipán, Cuscatancingo, Texistepeque, entre otras. 

Los denunciantes argumentan que la conducta del magistrado Jaime violenta disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental, que establecen la imparcialidad como principio rector de las actuaciones de los funcionarios públicos y la obligación de excusarse en aquellos casos donde tengan conflictos de interés.

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