• Diario Digital | Sábado, 18 de Noviembre de 2017
  • Actualizado 21:10

Sucesos - CONTINÚAN LAS AMENAZAS

Al menos 12 familias de policías han tenido que mudarse por acoso de la MS en colonias y cantones de Santa Ana

En el departamento de Santa Ana, entre el 1 de enero y el 8 de noviembre, se contabilizan ocho homicidios de policías, lo que equivale casi al 20% de crímenes contra agentes.

Imagen de referencia
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Al menos 12 familias de policías han tenido que mudarse por acoso de la MS en colonias y cantones de Santa Ana

El acoso de criminales de la Mara Salvatrucha (MS) contra policías ha obligado a varios agentes a cambiar su lugar de residencia, principalmente en el departamento de Santa Ana, donde se ha identificado que los grupos terroristas mantienen vigilancia en al menos  20 colonias y cantones donde han identificado que viven policías o familiares cercanos.

Según el testimonio de algunos agentes consultados, el objetivo es "talonearlos" para atentar contra ellos cuando reciban la orden de los cabecillas. Como consecuencia, algunos policías han optado por irse de esos lugares para ponerse a salvo ellos y sus familias.

Las colonias que permanecen bajo el acecho de este grupo son El Milagro, Río Zarco, Santa Eduviges, Solórzono, Santa Ana Norte, El Trébol, La Heroica, Ciudad Real, San José Unidas, Santa Isabel, Jardines de Tecana, Lamatepec, San Ernesto, Bella Santa Ana, Ranchador y Nazareno, todas del municipio de Santa Ana. Además del reparto Guadalupano, en Chalchuapa.

Mientras que los cantones en los que se sabe que los pandilleros han incrementado la persecución contra autoridades son Calzontes Arriba, Calzontes Abajo y Cutumay Camones.

Los lugares mencionados están distribuidos por diferentes puntos cardinales del municipio.

Fuentes de la Policía aseguran que al menos son 12 los compañeros han tenido que cambiar de casa para evitar que sean ubicados y asesinados.

De acuerdo a información brindada a El Salvador Times, en esos lugares han visto a personas que hacen la labor de "antenas" o "postes" (informantes) merodeando con el fin de ubicar las casas de los uniformados. Uno de los métodos que utilizan para obtener información es mediante el acercamiento con personas que trabajan en negocios como tortillerías y tiendas.

Un policía destacado en ese departamento explicó que después que ubican las casas, estos informadores hablan con los "gatilleros", que dentro de la estructura criminal son los que se encargan de ejecutar las órdenes de los cabecillas.

"Le dan seguimiento por días, semanas o meses y luego dan 'luz verde'", detalló la fuente. 

Así fue como asesinaron en Coatepeque al agente Walter Antonio Guardado junto a su esposa, su hija de cuatro años y un sobrino. De acuerdo a las investigaciones de ese caso, a Guardado lo venían "venadeando" desde hacía varias semanas e incluso habían intentado que pagara renta por un negocio que tenía en su casa.

"El objetivo de asesinar policías es mandarles un mensajes a las autoridades del Gobierno y darles a conocer que ellos tienen el poder y que este problema se las ha salido de las manos", dijo el policía de Santa Ana.

Según el agente, esa información fue obtenida por medio de las capturas que se han hecho contra pandilleros de la MS, los cuales les han manifestado irónicamente que los andan ubicando.

Además, vecinos de los policías que no tienen vínculos con grupos criminales los han advertido de la presencia de delincuentes preguntando por quienes viven en la zona.

Ante esta situación, algunos elementos de la Corporación policial han optado de no llegar a sus casas todos los días, cambiar de horarios de salidas y entradas y modificar sus rutinas.

En septiembre pasado, el director de la PNC, Howard Cotto, aceptó que los miembros de la MS habían ordenado aumentar los crímenes contra policías como una respuesta a la desarticulación de la estructura que opera en la zona occidental del país. Ese mes fueron asesinados 11 policías en todo el país, superando a agosto, cuando fueron nueve.

El 13 de octubre, Cotto anunció el traslado de cinco pandilleros de la MS al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca y los identificó como los "cabecillas postizos" que habían ordenado el incremento de los ataques contra policías.

"Si un día me toca, me voy a llevar a uno de ellos"

Entre los policías destacados en Santa Ana, los sentimientos son encontrados. Si bien existe cierto temor por la seguridad propia y familiar, también aseguran que están dispuestos a responder a un ataque si se ven en una situación de peligro.

"Moverse de casa implica un gasto económico y no se sabe si para donde uno se va hay pandilleros de la mara contraria, porque eso no implica que no te vayan hacer algo, esos tienen antenas por todos lados", sostuvo un policía.

Otro uniformado expresó que "nos sentimos inseguros, es una situación de zozobra que uno vive cada vez que sale de la casa".

Sin embargo, a renglón seguido afirmó que "yo estoy decidido que si un día me toca, me van a matar pero me voy a llevar a más de alguno de ellos".

Exigencias a las autoridades

Los elementos policiales exigen a las autoridades de Justicia y Seguridad que se les brinde las condiciones necesarias para evitar ser blanco fácil de los pandilleros.

En ese sentido los policías piden que se intensifiquen los patrullajes en las colonias donde residen. Asimismo, solicitan se les apoye cuando hay intercambios de disparos en donde mueren pandilleros para que no les acuse cuando actúan en defensa propia.

También piden que caiga todo el peso de la ley sobre los mareros que son detenidos y que se agilicen los procesos judiciales en contra de estros delincuentes, además de crear un registro de estas personas mediante el trabajo de inteligencia policial en las zonas afectadas.

Solo en el departamento de Santa Ana, desde el 1 de enero al 8 de noviembre se contabilizan ocho homicidios de policías, representando el 20% de los 41 agentes que han sido asesinados en este 2017 en todo el país.

Diputados discuten ley contra violencia en policías

El miércoles de esta semana, en la comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa se discutió la aprobación de una ley pretende castigar con cárcel a aquellas personas que acechen, amedrenten, persigan o acosen a policías, jueces y fiscales, así como a sus familias.

La pena discutida por los parlamentarios es de 10 años de cárcel que con agravantes –si la víctima es un familiar menor de edad- cuando podrá llegar a ser de 15 años. Además se acordó ampliar cinco años la pena impuesta a asesinos de policías, pasando de 50 a 55.

Pese a que ya hay un acuerdo, la ley no se aprobó y será discutida posteriormente.

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