Un pescador que fue secuestrado a inicios de año en Usulután continúa desaparecido a pesar de que su familia pagó $5,000 de rescate. Dos mujeres y un menor de edad que según la Policía participaron en el hecho, fueron capturados y están siendo procesados en un juzgado de San Salvador.

De acuerdo al requerimiento fiscal, a tempranas horas del pasado 10 de enero Antonio -nombre ficticio- alistó sus herramientas de trabajo, subió a una lancha junto a otro hombre y ambos se adentraron en la playa El Espino, de Usulután, para realizar sus labores de faena.

Las víctimas tenían previsto regresar a sus viviendas hasta el día siguiente, por ello sus familiares no se preocuparon por ellas sino hasta el 11 de enero.

Sin embargo, la noche en que zarparon, al menos cinco sujetos los interceptaron a 10 o 15 kilómetros en altamar, según la acusación fiscal. Fuertemente armados, los sujetos les ordenaron acostarse en la lancha y les arrebataron la pesca.

Además les subieron las camisas, notando así que Antonio tenía un tatuaje, el cual no ha sido determinado en el juicio si es alusivo a pandillas. Luego, los sujetos les ordenaron a las víctimas cambiar de lancha.

Unos metros más adelante encontraron a otros pescadores a los cuales los delincuentes también robaron y dejaron a la deriva, ya que les quitaron el motor de la embarcación. Junto a estas nuevas víctimas, los sujetos también dejaron al acompañante de Antonio, mientras que a él se lo llevaron con rumbo a Puerto El Triunfo, del mismo departamento.

Exigieron $10,000 para liberarlos

La familia de Antonio se enteró de que algo malo sucedía cuando el pescador no llegó a su casa a la hora prevista, fue entonces cuando intentaron comunicarse con él, pero los esfuerzos fueron en vano. Sin embargo, unas horas después de sus intentos fallidos, recibieron una llamada desde su teléfono celular.

Un sujeto que utilizaba un lenguaje pandilleril les informó que Antonio estaba secuestrado. La familia debía entregar $10,000 en un lapso de 48 horas si querían que fuera liberado, de lo contrario lo asesinarían. La víctima además logró hablar con su familia por unos minutos.

Las negociaciones llevaron a que los delincuentes aceptaran la entrega de $5,000 a cambio de respetar la vida de Antonio, quien sería liberado en un populoso centro comercial de San Salvador.

El 14 de enero, un familiar de Antonio acudió con los $5,000 al lugar acordado, donde una mujer lo esperaba.

Esta fue identificada por las autoridades como Gilma Beatriz Hernández Reyes, de 33 años, quien luego de recoger el dinero se dirigió a Plaza Mundo, Soyapango, donde se reunió con Jessica Carolina Hernández Cornejo, de 20, según la denuncia fiscal.

Ambas se reunieron a su vez con un menor de edad y compraron un teléfono celular con el dinero que la víctima les había entregado minutos antes. Los tres eran vigilados por investigadores policiales encubiertos que los persigueron hasta la colonia San José de Soyapango.

Continuaron con la extorsión

Un día después, los delincuentes volvieron a comunicarse con la familia de la víctima para darles una "prueba" de que seguía con vida y les exigieron otros $5,000 que debían ser entregado en las siguientes 48 horas. Esta fue la última vez que la familia de Antonio logró hablar con él. Hasta la fecha, las autoridades no han podido localizarlo, mientras que las investigaciones continúan.

La Fiscalía General de la República (FGR) giró orden de captura contra las dos mujeres y el menor de edad, luego de varias semanas de investigaciones.

Las mujeres fueron acusadas por el delito de secuestro agravado ante el juzgado Decimotercero de Paz, que envió el caso a la etapa de instrucción y ordenó que ambas imputadas permanezcan detenidas mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones.

De ser encontradas culpables podrían ser condenadas con hasta 60 años de prisión.

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