La primera vez que Lucas de Jesús Acosta Guzmán, un policía, y Víctor Romero Orellana Zelaya, un vigilante, se enfrentaron fue el 12 abril de 2015 en la colonia San José II de Soyapango, justo frente al portón de la cooperativa ACSA BUS, donde el vigilante trabaja.

En esa ocasión, Acosta había recibido un mensaje de que se había cometido una privación de libertad en la zona, por lo que quiso entrar en el lugar, sin embargo, el agente asegura que Orellana le impidió el paso. Discutieron por unos minutos y el agente procedió a registrarlo por la fuerza. La situación incluso llevó a que Acosta golpeara a Orellana.

Por esa razón, el vigilante decidió denunciar al policía por el delito de actos arbitrarios, ya que consideró que se sobrepasó en su actuar. El caso ahora llegó hasta los tribunales y este 11 de mayo se tenía previsto realizar la vista pública, en la que se definiría si el policía era culpable o no.

Pidió "rebaja" en la conciliación

Previo al juicio, ambas partes intentaron negociar, ya que como el delito es de menor gravedad cabe la posibilidad de conciliar. Sin embargo, cuando el juez del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador se presentó para la realizar la audiencia, preguntó por qué no se había logrado la conciliación.

Acosta aseguró no estaba dispuesto a pagar los $75 que la víctima pedía en calidad de compensación. Sin embargo, el juez le hizo ver que era mejor conciliar antes de proceder con el juicio, debido a que si fuese encontrado culpable podría perder su trabajo en la corporación policial y además podía ser condenado hasta a cuatro años de prisión.

El juez mandó a llamar a la víctima para que conciliaran en su presencia. En un primer momento, le pidió $75, debido a que para asistir a las audiencias había perdido varias horas de trabajo, que finalmente su empresa le descontó.

El policía, no obstante, no quería dar su brazo a torcer. “Es que si le pago es admitir que yo lo hice”, sentenció.

Luego de que el juez le preguntó cuánto estaba dispuesto a dar, le dijo: “Yo lo más que le puedo dar es un 40% de lo que dice”. Al traducirlo en cifras, lo estimó en $30.

La víctima, aunque no estaba conforme, aseguró que lo que más quería era que este caso se terminara: “Que me dé la mitad, así ni yo ni él”, dijo.

Así, la cifra fijada en concepto de conciliación fue de $37.50, la mitad de lo que Orellana Zelaya pidió inicialmente. Como bien presagió, "ni yo ni él".

En el acto, Acosta Guzmán se sacó el dinero de la bolsa de la camisa y frente al juez pagó la deuda.

El juez también le decretó reglas de conducta, para que bajo ninguna circunstancia se acercara a la víctima, a menos que un nuevo procedimiento lo lleve cerca de la zona.